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El registro oficial de enfermos de coronavirus no es el fiel reflejo de la realidad. Lo que al principio era una sospecha, es una certeza admitida por las mismas autoridades departamentales y nacionales. Es lo que está pasando en Santa Cruz y probablemente en otros departamentos porque no se ha hecho lo suficiente para paliar la carencia de reactivos que permitan realizar las pruebas para salir de esa peligrosa y engañosa realidad.

En los últimos informes acerca de los contagios en el país se deja la sensación de que han bajado los contagios en Santa Cruz, lo cual no debe ser cierto porque esta región está procesando apenas un tercio de lo que podría, si la capacidad de los laboratorios funcionara al cien por ciento; sin embargo, faltan materiales que no llegan desde el Gobierno central. El dato no es una especulación, ha sido brindado por un alto funcionario del Servicio Departamental de Salud. No hay los insumos suficientes para testear el nivel actual de la infección.

Y ante esa realidad, salta una nueva denuncia sobre la adquisición de materiales para procesar las pruebas. La ha formulado una empresa que ofreció venderle a Bolivia 672.000 tests PCR en 15 millones de bolivianos, al enterarse de que se estaba comprando lo mismo, pero a un precio mucho mayor, ofertado por una empresa china. La Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) argumenta que la proveedora uruguaya no está certificada y que en la propuesta se omitieron requisitos importantes. Lo cierto es que la compra con sobreprecio de respiradores, en un escandaloso hecho de corrupción, pone en la mira el resto de las acciones de Aisem y provoca que todo el país se vea perjudicado por esta razón.

Resulta que, horas después de que se conozca la denuncia de la empresa uruguaya, el Gobierno decide no consolidar la compra que estaba efectuando a la empresa china, lo que lejos de ser un acto de transparencia pone los ojos en Aisem, ya que se evidencia que, si no se hacían públicas las sospechas sobre la nueva adquisición, esta se hubiera consolidado.

Mientras todo esto ocurre, los bolivianos aún esperamos que lleguen los 500 respiradores prometidos y los reactivos para multiplicar el número de pruebas PCR. Han pasado meses y las promesas siguen incumplidas. El gobierno esgrime varios argumentos, uno de ellos habla de que hay mucha demanda en el mundo y hay dificultad para acceder a esos materiales que son vitales para la lucha contra la pandemia. Es probable que sea así, pero también queda la certeza acerca de la eficiencia de quienes tienen la misión de buscar, cotizar y adquirir de la manera más conveniente posible los insumos que el país necesita. Asimismo, queda el daño profundo causado por la corrupción, que no ha sido paliado con la detención de funcionarios.

Tampoco se ha conocido el informe de los avances que hay de las pesquisas para auditar todas las compras que hizo el Estado para enfrentar la crisis del Covid-19. Esa es una asignatura pendiente si se pretende recuperar la confianza en el uso de los recursos del Estado para algo tan esencial en este momento.

El país está saliendo de 12 días de tormentosos y criminales bloqueos en todas sus rutas, pero que nadie piense que ese conflicto social ha distraído la mirada sobre lo que realmente importa, que es la eficiencia en la lucha contra la pandemia, la claridad de estrategias que se necesita para salvar la vida de los bolivianos.

La oposición política tampoco puede salir campante a criticar, cuando se sabe de los ominosos hechos de corrupción evidenciados en el pasado Gobierno de Evo Morales. Las irregularidades en la administración pública no deben seguir y tampoco quedar en la impunidad.

Entretanto, es preciso que cada noche, cuando se informe sobre los contagios de Covid-19, se muestre la cruda realidad a los bolivianos. Creer que la situación es menos grave, especialmente en Santa Cruz, es un engaño que puede dejar funestas consecuencias.