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La transparencia absoluta de cara al pueblo debería ser la norma para gobernar un país. Sin embargo, en Bolivia parece ser la excepción y no la regla, ahora y en el pasado; en el Gobierno central, en los gobiernos subnacionales y en otras entidades que tienen que ver con el manejo del aparato del Estado y que, deberían desempeñar sus funciones sabiendo que son servidores públicos y no seres privilegiados que pueden hacer y deshacer sin que nadie los controle.

En el último tiempo hay al menos cuatro hechos que reflejan la ausencia de transparencia y, por ello mismo, son los que provocan la disminución de confianza ciudadana en las acciones de los gobernantes. El primero y más sobresaliente en las últimas horas es la compra irregular de 170 respiradores. Cuando ha saltado el escándalo, se ha detenido a cuatro personas y hasta la presidenta ha pedido perdón y ha jurado enmendar errores, surge otra decisión que no hace sino alimentar la desconfianza. El fiscal general del Estado declaró en reserva las pesquisas sobre este hecho, bajo el pretexto de que así evitará que fuguen los otros implicados.

En el anterior gobierno, cuando ‘las papas quemaban’ era frecuente que se declare en reserva las investigaciones de varios casos que comprometían a la cúpula gobernante, entre ellos los de contratos con CAMC, del Fondo Indígena y otros. El fiscal general del Estado debería hacer un trabajo eficiente de investigación que sea de cara al pueblo, con transparencia y celeridad. Bloquear información sobre una indagación tan importante para la ciudadanía solo hace crecer las dudas y pone un velo oscuro sobre el esclarecimiento.

Por otro lado, hasta ahora no se sabe a ciencia cierta por qué está postergándose la apertura del hospital de Montero. Se dice, sin abundar en detalles, que se debe a temas contractuales, que es por trámites burocráticos, etc. pero ninguna de las explicaciones es tan clara que dé satisfacción a la expectativa ciudadana; más aún en una ciudad que tiene casi un millar de contagios y que necesita con urgencia la habilitación de camas y equipos adecuados para la atención de pacientes con Covid-19.

Otro tema que queda en el limbo de las promesas es la dotación de reactivos para habilitar más laboratorios que logren descongestionar el Cenetrop y el Inlasa, los dos centros de referencia que ahora procesan las muestras de la mayor parte del país. ¿Se atreverán las autoridades a decir de verdad por qué no llegan los kits prometidos? Si hubiera transparencia también habría mayor colaboración y hasta quizás comprensión de la ciudadanía.

Entre los hechos cubiertos por sombras está también el aparente uso indebido de un avión de la Fuerza Aérea Boliviana por parte de la hija de la presidenta del Estado. La denuncia dice que la joven (que es funcionaria pública en Gestión Social) trasladó a su amigo y a la madre de éste en un vuelo desde Tarija a La Paz y que después se vio a ambos en una fiesta de cumpleaños durante la cuarentena. Sobre este caso la presidenta no dijo ni una palabra, hubo algunas justificaciones de parte de ministros de Estado, pero no una intención de aclarar ni de enmendar errores.

Lamentablemente, la falta de información no es solo a nivel central sino también subnacional, porque muchos políticos en el poder se esfuerzan en obstaculizar los canales de información antes que hacerlos fluidos. En eso no se diferencian los sucesivos gobiernos.

Es por eso que el reclamo de transparencia, de gobernar de cara al pueblo, debe hacerse siempre; se lo hizo en el pasado y se lo hace ahora, hasta que las gotas horaden la piedra y provoquen un cambio.