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A pesar de que ya comenzaron las indagaciones acerca de la compra de los ventiladores de la marca Respira, por haberse detectado sobreprecio; a pesar de que ya hubo un cambio de ministro y que el titular de esa cartera está aprehendido a la espera de su audiencia cautelar, queda la sensación de que falta transparencia en el proceso. 

Lo que queda claro es que hay un mecanismo que favorece la corrupción en el Ministerio de Salud y que puede estarse replicando en otras carteras del Estado. Tras las primeras declaraciones, se ha conocido que la compra de los ventiladores nació con fallas. Que se descartó una oferta más barata y que ni siquiera se tomó en cuenta que en el país había iniciativas para fabricar los artefactos.


Los ventiladores se compraron a través de una empresa intermediaria y ya se sabe que esta incluso se prestaba oficinas en el Consulado de Bolivia en Barcelona para realizar sus operaciones. Los fabricantes indicaron que cada ventilador costaba alrededor de 8.000 dólares, pero que el Estado boliviano pagó más de 27.000 dólares, es decir, más de tres veces el precio original. Que los equipos son del modelo más básico. Ya también se ha conocido, por declaraciones de los aprehendidos, que la empresa no cumplía requisitos de la Organización Mundial de la Salud. Todo esto era sabido por los funcionarios que ejecutaron la compra y también por el ex ministro de Salud. A pesar de tanta observación, la adquisición fue concretada.

El caso involucra a autoridades de primer nivel del gobierno en un escándalo inocultable. Un ministro fue apartado del Gobierno (hay que remarcar que se lo hizo una vez que fue aprehendido y no antes), hay otros funcionarios de segunda línea suspendidos y aparece un “testigo clave”, como quien dice de la nada, para decir que el Estado fue estafado por una empresa española. Ojalá que esto no signifique un afán por enmarañar el caso hasta hacerlo irresoluble.

En este contexto hay muchas preguntas sin responder: ¿Hasta dónde llegan las decisiones irregulares en este caso? A la presidenta y al país le harían muy bien que se destape todo cuanto antes, que no se encubra a nadie. Y decimos a la mandataria, porque para gestionar esta crisis y llegar a las elecciones, precisa preservar algo de confianza de la ciudadanía, ahora bastante desportillada por los acontecimientos. Mezclar los intereses partidarios con la forma en que se resuelve este entuerto solo afectará más la imagen de la candidata y perjudicará al país.

En las indagaciones también se debe transparentar el proceso de compras en esta crisis. Debido a la emergencia, o usando la emergencia como pretexto, se hicieron adquisiciones sin licitación, no solo eso, son muy pocos los contratos que están en el Sicoes, y eso favorece la falta de claridad sobre operaciones que deberían ser diáfanas, de cara al pueblo.

Llama la atención que la presidenta y otras altas autoridades del Estado digan que se enteraron de la aparente corrupción a través de las redes sociales. Eso habla muy mal de los mecanismos de fiscalización internos que debería tener la administración pública y siembra la duda acerca de otras acciones que se realizan en el Poder Ejecutivo. No es posible que sean Facebook o Twitter las fuentes de información de las máximas autoridades del país.

Este tipo de acciones colmaron la paciencia de la ciudadanía en la gestión de Evo Morales. En este gobierno se está acelerando el paso para mostrar que no hay cambios profundos que permitan transparencia. Eso implica un golpe certero a la fe de los bolivianos y un tiro en el pie de quienes pretenden reeditar el poder.