Las Fuerzas Armadas de Bolivia fueron creadas un día como hoy, el 7 de agosto de 1826, con el mandato de defender la independencia recién conquistada y custodiar el naciente orden republicano. Desde entonces, han atravesado una compleja evolución, marcada por conflictos internos, guerras internacionales, décadas de inestabilidad política, golpes de Estado y revoluciones que definieron el siglo XIX y buena parte del XX.
La transición democrática de los años 80 inició un proceso de profesionalización institucional, y en 1992 se aprobó la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que definió su misión constitucional: defender la soberanía nacional, garantizar el estado de derecho, cooperar con el desarrollo nacional, y cumplir otras funciones específicas. La Constitución de 2009 no transformó radicalmente su rol, pero amplió su mandato: prohibió la instalación de bases militares extranjeras, reforzó su presencia en zonas fronterizas, y asignó un nuevo énfasis a la política marítima nacional.
A lo largo de sus casi dos siglos de existencia, las Fuerzas Armadas han acumulado tanto luces como sombras. Han enfrentado limitaciones estructurales y, en momentos clave, han actuado fuera del marco constitucional. Durante los gobiernos de Evo Morales, se estableció una alianza informal entre el MAS y la cúpula militar, basada menos en institucionalidad y más en lealtades políticas, incentivos clientelares y prebendas.
Ese periodo se caracterizó por el adoctrinamiento ideológico, con la bandera de la descolonización y el grito de “¡Patria o muerte, venceremos!”. A pesar de intentos por mejorar la formación castrense, facilitar el acceso de sectores indígenas a la carrera militar y modernizar el equipamiento, persistieron la ineficiencia administrativa, la opacidad en el uso de recursos reservados, el clientelismo en los ascensos y una preocupante rotación de mandos, que debilitó la continuidad institucional.
Con la gestión de Luis Arce, las Fuerzas Armadas abandonaron los símbolos más visibles del discurso revolucionario, pero no recuperaron estabilidad ni neutralidad institucional. Los ascensos volvieron a convertirse en instrumentos de fidelización política, privilegiando afinidades ideológicas por encima del mérito profesional. Fue en este contexto que se designó al general Juan José Zúñiga, quien posteriormente fue protagonista de un supuesto intento de golpe de Estado contra el mismo mandatario que lo había nombrado.
Hoy, Bolivia enfrenta una crisis multisectorial profunda. Los bloqueos, la violencia en regiones específicas, la presencia creciente del crimen organizado en zonas fronterizas y la fragmentación del tejido político y social han llevado a que diversos sectores demanden una mayor intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Sin embargo, expandir su rol sin una reforma profunda sería un error peligroso.
Este nuevo aniversario debe ser ocasión para una reflexión honesta y urgente: las Fuerzas Armadas deben reconectarse con su mandato constitucional y romper definitivamente con prácticas prebendales o alineamientos políticos. La institucionalidad democrática exige una fuerza profesional, neutral, transparente y sujeta al control civil, no un actor autónomo con capacidad de desequilibrar el orden político.
Las Fuerzas Armadas deben volver a ser una institución al servicio del Estado y no de un partido. Su rol no es arbitrar la lucha política, sino proteger la soberanía y garantizar el orden constitucional. Su prestigio -que hoy se encuentra erosionado- solo podrá recuperarse a través del profesionalismo, la transparencia y la firme voluntad de respetar su mandato republicano.