Escucha esta nota aquí

El Tribunal Supremo Electoral logró un acuerdo con los partidos políticos para establecer una fecha oficial para la realización de las elecciones postergadas por la emergencia sanitaria que paralizó al país. Bolivia irá el 6 de septiembre a las urnas, en medio de una nueva etapa del coronavirus y por tanto tendrá que ser con medidas adecuadas de bioseguridad.

Se estará dando así un paso importante en un año accidentado, para devolverle al país la institucionalidad de los ciclos gubernamentales con administraciones elegidas y con tiempos de mandato establecido en la Constitución, con un gobierno salido de las urnas y una asamblea legislativa con nuevos equilibrios.

El acuerdo, que hasta pocos días parecía imposible por la polarización política, es un logro del presidente del TSE, Salvador Romero Ballivián, que de manera silenciosa realizó tareas de consulta y concertación con las fuerzas políticas.

En medio de ese proceso de consultas del TSE con los partidos, el procurador del Estado, José María Cabrera, amenazó con interponer una denuncia penal contra el presidente del TSE por supuesto incumplimiento de deberes al no formular una querella ni constituirse en parte dentro del caso de fraude electoral del 20 de octubre pasado.

Se desconocen las motivaciones en esa acción del procurador, designado el 3 de diciembre por la presidenta Jeanine Áñez, pero un proceso penal contra Salvador Romero en este momento descabezaría el Órgano Electoral Plurinacional y por tanto inviabilizaría la continuidad inmediata del proceso electoral ahora encaminado y con fecha.

Al anuncio del procurador también se han sumado algunas voces que critican al presidente del TSE por no hacer una redistribución de escaños según criterio de población regional eliminando los privilegios que hacen que en el actual sistema el voto de una persona no valga lo mismo que el voto de otra persona. 

Esa herencia de 14 años de manipulación legal y acomodo de las leyes al antojo del MAS deben cambiarse en la ley, pero la Asamblea Legislativa está controlada por la fuerza política que diseñó esas desigualdades como se fabrica un traje a la medida del eterno candidato Evo Morales. 

Es más factible realizar esos cambios con una nueva asamblea más equilibrada, la que salga de las próximas elecciones, que por un Legislativo controlado con dos tercios por el MAS.

Tampoco es momento de hacer una Asamblea Constituyente. Esa instancia debe ser convocada por un gobierno con legitimidad, elegido en las urnas, y con suficiente fortaleza política para administrar con confianza la reforma de la Constitución. 

El TSE debe concentrarse ahora en garantizar la viabilidad de unas elecciones transparentes y en condiciones de bioseguridad, administrar el proceso electoral de manera imparcial, que es lo que no hicieron los anteriores vocales y por eso están ahora detenidos y procesados.

De Salvador Romero puede cuestionarse su estilo comunicacional, pero no se le puede acusar de estar del lado de una u otra organización política. Su larga trayectoria en procesos electorales en el país y la región, lo ha colocado en una posición que es el centro de presión de algunos partidos, particularmente de los que no quieren elecciones aún -quizá porque las encuestas de intención de voto no les favorecen.

Sin embargo, no se debe perder de vista que su misión principal es ser el árbitro imparcial de una contienda electoral que nació de una elección viciada por haber sido administrada de manera fraudulenta.

Si tuviéramos un órgano electoral que promueva la anulación de tal o cual sigla partidaria, estaríamos frente a un Tribunal que probablemente deje satisfechas algunas expectativas, pero con seguridad también estaríamos frente a un poder parcializado, igual que el que favoreció a Evo Morales durante 14 años, solo que esta vez con los actores del otro lado del río, y eso es exactamente lo que no necesita la democracia boliviana.