El gobierno de la presidenta Jeanine Áñez ha decidido flexibilizar la cuarentena a partir del 11 de mayo en un modelo que ella ha llamado “cuarentena dinámica” y que consistirá en aplicar tres grados distintos de restricciones a ciudades y regiones del país según el comportamiento de la pandemia en cada uno de esos lugares. 

Así, las regiones –no ha especificado si ciudades, municipios o departamentos- serán categorizadas en zonas de riesgo algo, riesgo medio y riesgo moderado, y las restricciones serán rígidas en el primer caso, relativas en el segundo y menores en el último caso.

La medida, lo han dicho reiteradamente las autoridades, intenta combinar las necesidades de cuidar la salud de la población y también reactivar la economía paralizada desde hace 40 días, y aunque a primera vista parece una disposición necesaria para perseguir ambos objetivos, quedará la duda de si el 11 de mayo es el momento para comenzar la desescalada de la cuarentena.

La preocupación radica en dos aspectos fundamentales: primero, la curva de contagios del Covid-19 está en pleno ascenso, no ha comenzado a atenuar ni siquiera el nivel de contagios diarios; el país no ha llegado, pues, a aplanar la curva. Entonces, si los contagios continúan aumentando, ¿cómo se puede entender que el confinamiento pensado para evitar mayores contagios comience a flexibilizarse?

Y la segunda preocupación se apoya en la constatación de que el país en este tiempo no ha hecho lo suficiente para mejorar las condiciones en equipamiento y dotación de insumos para la atención de una eventual gran ola de contagios del virus. 

Ni al comienzo de la pandemia ni en este tiempo Bolivia está preparada para atender una alta demanda de atención médica por esta emergencia. Es más, ni siquiera hasta ahora se ha puesto en marcha el muy demandado aumento del número de pruebas de diagnóstico para hacer mejor control y seguimiento de los infectados para evitar su la propagación de la enfermedad.

La culpa, ciertamente, no es de este gobierno, sino del modelo de estado que desarrollaron los últimos gobiernos del país, en particular el de Evo Morales en los pasados 14 años que descuidó en extremo el sistema de salud en los años dorados del gas en que el país dispuso de más ingresos que nunca en toda la historia del país. Pero eso es historia pasada, el caso es que ahora el sistema de salud boliviano está más cerca de colapsar con un pequeño incremento de casos de Covid-19 que de responder en la medida de las necesidades que viene.

El gobierno se ha lanzado en la estrategia del desconfinamiento gradual, ojalá que no sea un error y que al menos se valore con mucha precisión y cautela a las regiones para encasillarlas en una u otra categoría de las tres identificadas.

Tampoco inspira confiabilidad la manera en que la población reaccionará ante medidas tan complejas para comprender y de difícil control como las salidas de personas por horas. Si con una cuarentena rígida se vio más gente de la necesaria circulando por las calles, y peor en mercados y centros de abastecimiento, no es difícil imaginar que con la flexibilización el control será poco menos que imposible. 

Mientras tanto, las políticas de estado están más orientadas a la administración de la cuarentena, y no al fortalecimiento del sistema de salud con mayor capacidad de camas, dotación de respiradores y unidades de terapia intensiva. Mucho se habla de adquisiciones y donaciones de equipamiento, pero no se ha visto aún ni esos equipos ni se sabe dónde están.