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Ganancias ilícitas y terrorismo

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El desarrollo de la humanidad tiene como base principal la convivencia “civilizada” de los ciudadanos, Bolivia al ser parte de la comunidad internacional comprometida contra las actividades delictivas, tiene la obligación moral de contribuir en la represión de estos delitos, el 9 de diciembre de 1999, las NNUU insta a adoptar medidas para prevenir y contrarrestar el financiamiento a actividades terroristas.

En este aspecto la ley Contra la Legitimación de ganancias y financiamiento al terrorismo, que aprobó la Cámara de Diputados, tiene como base principal, la ampliación del procedimiento legal para el congelamiento preventivo de los fondos y activos de las personas y/o instituciones que tuvieran vínculos con el terrorismo o con la obtención de ganancias ilícitas.

También implica la instauración de técnicas especiales de investigación para que las autoridades competentes lleven adelante una eficaz investigación de estos delitos, aplicando “agilidades” jurídicas, medidas que ya son aplicadas en otros países, como ejemplo tenemos la detención del ex ministro Murillo en EEUU acusado de ganancias ilegitimas.

Esta ley también amplia las medidas cautelares (retención de fondos, incautación y otros) que estuvieran involucrados con la obtención de ganancias sospechosas, nuevamente caemos en el ejemplo del personaje siniestro del régimen de Añez el cual podría quedar libre siempre y cuando demuestre que los fondos a utilizarse sean “lícitos” ya que los recursos obtenidos de forma mal habida fueron incautados, (hasta la fecha el ex ministro no puede obtener dólares “legales”).

Sin embargo, en nuestro país la oposición, como siempre, se opone sin argumentos serios, pretenden relacionar esta ley a una persecución política que se aplicaría por parte del gobierno, ocultando la razón principal, que es la protección política de sus líderes y sobre todo del accionar de algunas autoridades que desempeñando cargos ejecutivos obtuvieron ganancias ilícitas, ahí tenemos la compra de respiradores en época de pandemia, compra de material bélico con empresas de sus “amigos” afines al régimen y varias otras acciones sospechosas.

Otro de los delitos crueles de la sociedad es la trata y tráfico de personas (sobre todo mujeres) con fines ilícitos, para poder prevenirlos es necesario acciones inmediatas (una vez localizados) y procedimientos jurídicos más dinámicos, ya que la especialidad de estos delincuentes hace que en minutos puedan cubrir sus actos, la presente ley contribuirá a una mayor eficacia en la represión de este ilícito.

En este aspecto, la aprobación de esta norma jurídica contribuirá de manera positiva al resguardo de la sociedad y la economía de nuestro país, permitirá afrontar de manera positiva y eficiente la lucha contra estos delitos de orden internacional; asimismo, con esta normativa Bolivia ingresará como un país que cumple las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que es un organismo internacional especializado en la lucha mundial contra el lavado de activos; los ciudadanos que nos ganamos el pan de forma legítima no debemos temer a esta ley, es más debemos apoyarla, ya que las ganancias ilícitas son obtenidas por gente sin escrúpulos que no les importa el sufrimiento de seres, solo les importa obtener dinero.

Miguel Ángel Marañón es Economista


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