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Hay una frase muy utilizada en los últimos tiempos: pensar fuera de la caja, lo que significa salir de los esquemas tradicionales para innovar y buscar nuevas salidas a los problemas. Es eso lo que le toca al Gobierno nacional en este momento, cuando se necesita aunar esfuerzos para recuperar la economía nacional.

En las últimas horas, los gobiernos de Bolivia y Argentina acordaron la quinta adenda al contrato de compra venta de gas natural. La novedad está en el precio y en el volumen. El primero fluctuará según los valores del mercado internacional y, por ahora, es menor al que se tenía hasta el 31 de diciembre. La cantidad del producto estará en función de lo que nuestro país pueda entregar, habida cuenta de que ya no nadamos en un mar de gas y ya no estamos como para poner condiciones a nuestros compradores. 

Lo anterior significa que la exportación de gas no es la gran esperanza de esta gestión. El Gobierno asegura que esta adenda es conveniente para Bolivia, pero esa afirmación está más sustentada en la esperanza de que los precios internacionales aumenten. Mientras tanto, YPFB anuncia la inversión de 756 millones de dólares para exploración, con la esperanza de que pueda incrementarse la reserva de ese hidrocarburo que ha sido fundamental para la economía nacional en los últimos años. En los últimos años hubo intentos fallidos y es de esperar que la exploración permita hallar nuevas reservas que nos permitan seguir contando con este recurso.

Bolivia ha sido extractivista desde siempre. Primero los minerales y después el gas. En ambos casos, la principal exportación fue de materia prima con casi nada de industrialización. Al ser recursos no renovables, se acaban y dejan en apuros al país. A octubre del 2020, según el Instituto Nacional de Estadística, la actividad vinculada al petróleo y gas tuvo un decrecimiento del -5,14%; mientras que el sector de los minerales tuvo un decrecimiento de -33,25%. En cambio, solo tres sectores tuvieron crecimiento en el año de la pandemia: las comunicaciones, un 5,58%; la agropecuaria, el 2,14%; y la administración pública un1,58%.

Entonces, no parece ser tan complejo entender que el sector agropecuario merece una particular atención del Estado. Al ser un sector que ha crecido a pesar del confinamiento y las dificultades que ha planteado la pandemia, los productores no tradicionales deberían tener incentivos para tener el impulso que les permita crecer, exportar más, generar fuentes de empleo e inyectar recursos a la economía del país.

No obstante, como un contrasentido, el Gobierno sigue mirando a los minerales y los hidrocarburos, mientras castiga la producción no tradicional imponiendo cupos y más burocracia para exportar.

Lo que Bolivia necesita es un Gobierno que piense en el conjunto de los bolivianos, dejando a un lado la mirada al pasado y los preconceptos ideológicos que quizás sirven para el discurso, pero no para sacarnos de la tremenda crisis que vive el país. Un diálogo de mutua colaboración será, sin duda, más efectivo que más restricciones.

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