Escucha esta nota aquí

A pesar de la demanda ciudadana de que Luis Arce sea capaz de gobernar escuchando al pueblo, la primera autoridad del país avanza en el objetivo de tener todo el poder de determinación respecto a la economía, la seguridad y la vida de los bolivianos. Hay cinco leyes que otorgan atribuciones al presidente para gobernar por decreto.

¿Qué significa gobernar por decreto? Significa que el presidente, que es cabeza del Poder Ejecutivo, puede definir acciones sin necesitar la aprobación del Poder Legislativo, donde están los diputados y senadores que son del oficialista Movimiento Al Socialismo y de los partidos opositores Comunidad Ciudadana y Creemos.

Las leyes ya aprobadas para este efecto son la del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social; la de Estadísticas Oficiales; la de Registro de Comercio; la de Fortalecimiento de la Lucha contra la Corrupción; así como la de Ascensos a Generales de la Policía Boliviana, mientras que la de Ascensos a Generales de las FFAA aún se debate. En todas se plantea la posibilidad de que estas puedan ser modificadas mediante decreto supremo.

Para entender mejor las cosas. El MAS ha ido tejiendo normas que le permitan controlar el país sin opción a disenso. No existe reconocimiento de la minoría política, simplemente porque se han establecido reglas para mantenerla anulada. Para este efecto, la mayoría masista de la pasada legislatura modificó el Reglamento de Debates del Congreso y, con ello, dejó atrás la posibilidad de aprobar leyes polémicas por dos tercios, ya que en la actualidad pueden aprobarse por mayoría simple (rodillo del MAS). Para el partido de Gobierno eso es sinónimo de ‘gobernabilidad’, mientras que a la búsqueda de consenso con la oposición le pusieron el epíteto de ‘cuoteo’, con el único fin de deslegitimar algo que es totalmente democrático y necesario.

En esta legislatura el MAS no tiene dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa y por eso el partido en función de gobierno busca que todo se controle desde el Poder Ejecutivo. La paradoja está en que son los mismos legisladores del oficialismo los que defienden este estilo autocrático de poder, a pesar de que al hacerlo se anulan ellos. Si hay luz verde para que el presidente gobierne por decreto, ¿qué sentido tiene la vigencia del Poder Legislativo?

Una primera muestra del uso de decretos para gobernar es la anulación, de un plumazo, de Aasana (que fue creada mediante ley de la República) y el nacimiento de Naabol, que implica despido de un millar de trabajadores, la eliminación de sus derechos laborales definidos por la Ley General del Trabajo para pasarlos al régimen del Estatuto del Funcionario Público. Además, hay que recordar que ya el estatuto partidario del MAS señala que todos los funcionarios del Estado deben ser militantes del MAS, con lo que se restringe el derecho a trabajar para quienes no son de un partido político o para quienes decidieron otra tienda política.

Las otras normas aprobadas son más polémicas aún. La que regula las estadísticas impide que las gobernaciones tengan sus propias mediciones oficiales y que, en base a ellas, se definan las políticas municipales o departamentales. Del mismo modo actúa la Ley de Planificación Económica y social ya que señala que gobernaciones, alcaldías, regiones y universidades se sometan a una planificación definida por el centralismo, sin garantías de que atienda las necesidades reales de cada lugar.

El mando político de la Policía ya está dando dolores de cabeza. Solo basta recordar el rol de la institución del orden durante el paro multisectorial, de defensa de la facción oficialista y de ataque o, por lo menos de indiferencia, para proteger a la ciudadanía en general.

En suma, es demasiado peligroso otorgar el poder del ‘decretazo’ a un presidente que no ha dado muestras de gobernar para todos, sino únicamente para sus seguidores. Hay que defender la posibilidad de disenso y de debate en todos los foros posibles, especialmente en la Asamblea Legislativa.

Comentarios