Cuando Rodrigo Paz Pereira afirmó que “la ideología no nos alimenta”, intentó justificar un enfoque más práctico frente a la crisis. Pero en política, ese tipo de frases siempre tiene consecuencias. Y, en este caso, también expuso un problema de fondo que hoy empieza a notarse. Porque, se puede gobernar sin dogmas, pero no sin rumbo.
Desde su llegada al poder, el oficialismo ha intentado mostrarse como una gestión técnica, abierta al mercado y enfocada en resultados. Sin embargo, lo que se ve en la práctica es desorden. El gabinete reúne perfiles diversos —empresarios, técnicos, exfuncionarios—, algunos con experiencia, otros no tanto. Pero no se trata de quiénes están, sino de cómo se gobierna.
Ese desorden ya se nota en las decisiones. El episodio del decreto económico de enero de 2026 fue el primer gran punto de quiebre. El gobierno tenía un diagnóstico técnico sobre la necesidad de ajuste, pero no midió el impacto social ni construyó respaldo político. El desenlace no sorprendió a nadie: presión en las calles, conflicto sostenido y, finalmente, un retroceso parcial.
Ahí apareció un patrón que se repite: la tendencia a dudar cuando hay que actuar. El Ejecutivo quedó atrapado entre lo necesario y lo políticamente viable, y terminó reaccionando en lugar de conducir. En política, quedarse quieto también pasa factura. Y suele ser alto.
El panorama se complica aún más cuando se mira el manejo de sectores estratégicos. La crisis en YPFB, con denuncias de corrupción, problemas de abastecimiento y cambios constantes de autoridades, refleja más que una herencia complicada. Muestra debilidad en la conducción. Los relevos ministeriales, a 6 meses de gestión, lejos de transmitir control, dan la impresión de que se está reaccionando sobre la marcha.
A esto se suma el resultado de las elecciones subnacionales. Más allá de los números, el mensaje político es claro: el gobierno no logró consolidar presencia territorial. Hay una creciente distancia entre el nivel central y los liderazgos locales, que hoy tienen mayor capacidad de respuesta y conexión con sus bases, muchos de ellos deseosos por el retorno de un líder marginado.
En ese contexto, intentar gobernar sin una línea definida empieza a mostrar sus límites. La idea de un gobierno “para todos” puede ser atractiva en campaña, pero en la gestión tiende a diluirse si no hay prioridades claras. Sin un eje que ordene decisiones, cada medida queda aislada y cada crisis desordena el conjunto. Ahí sale la pregunta, ¿quiénes realmente son sus operadores políticos?
Bolivia atraviesa un momento complejo, con presión económica (un informe del FMI desalentador), conflictividad social y expectativas altas. En ese escenario, no hay espacio para improvisar. Se necesita conducción, claridad y capacidad de sostener decisiones, incluso cuando implican costo político, frente a las diversas amenazas de querer repetir, incluso, un octubre negro.
El desafío para el gobierno de Paz Pereira no es agradar a todos, sino definir un rumbo y sostenerlo. Porque en política, cuando no se construye un relato propio, se termina operando dentro del relato de otros. Y ahí, el margen de acción se reduce cada vez más.
(*) Miroslava Fernandez Guevara es periodista y politóloga