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Situaciones complicadas demandan medidas radicales. La pandemia del coronavirus ha dejado las cifras más altas del último año y dos meses. Más de 3.000 contagios y más de 80 fallecidos en un solo día la semana pasada. No ha sido en una jornada aislada, el número ha ido en ascenso, dejando particular preocupación en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Oruro y Tarija, sin dejar de lado que también hay escalada de casos en otras urbes del país. 

Frente a esa realidad, los gobiernos departamentales y municipales dispusieron encapsulamiento en cuatro urbes para el domingo 23 de mayo, así como restricción de horario de circulación, ley seca y aforo limitado en los espacios de concentración de gente. En contrapartida, el Ministerio de Gobierno ha respondido con la prohibición de que la Policía Nacional coadyuve con la ejecución de multas o detenciones.

Frente a la angustia que causan las terapias intensivas sin espacio, la falta de oxígeno y el clamor en las redes sociales por conseguir medicamentos, los gobiernos departamentales y municipales reaccionaron como se espera, mirando la realidad y disponiendo medidas adecuadas para intentar frenar el contagio. La administración central de Luis Arce mira de lejos y su ministro de Gobierno opina que con las vacunas alcanza para evitar el desastre en este momento. 

Es sabido que llegaron 2.665.430 dosis de vacunas, pero también es evidente que no son suficientes. El comunicado de esa cartera también habla de las pruebas rápidas, pero no se puede olvidar que la semana pasada estuvieron a punto de acabarse en Santa Cruz y que ahora cuesta más acceder a ellas.

Las disposiciones municipales definen un horario de circulación porque los irresponsables abusaron, abrieron boliches, organizaron bailes y multiplicaron el virus en las principales ciudades del país. Aún con las restricciones, en los operativos de fiscalización se hallaron locales con expendio de bebidas alcohólicas y aglomeración de gente. ¿Es racional entonces que el Ministerio de Gobierno proteja la inconsciencia, en vez de coadyuvar a generar un tiempo de control para garantizar la salud? ¿Por qué ese afán de ir a contramano de la prudencia?

Si en verdad al gobierno nacional le interesara la reactivación económica no estaría bloqueado las posibilidades de producción y exportación mediante cupos y certificados. Al contrario, le faltaría tiempo para reunirse con empresarios y sectores donde se genera empleo para incentivar la generación de recursos para todos. En cambio, el presidente ni siquiera se ha dado el tiempo para concretar tales encuentros.

Mientras el gobierno juega a rechazar lo que deciden los gobiernos subnacionales, la mayoría opositores al Movimiento Al Socialismo, en el país crece el peligro de un colapso sanitario. Si éste ocurre, el presidente Luis Arce será uno de los más afectados por el costo político. Quizás hace falta girar un poco la cabeza y mirar hacia Argentina donde las restricciones han sido aún más drásticas por el desborde del virus.

Está claro que un cierre total afectará a las familias que viven al día, a la industria y al aparato productivo nacional. Nadie quiere eso en Bolivia, pero tampoco es deseable que siga el descontrol so pretexto de que no hay que afectar las actividades diarias. Las determinaciones tomadas respetan el quehacer de comerciantes, transportistas, industriales, etc. Solo plantea nuevos horarios y respeto al distanciamiento social.

Es tiempo de dejar a un lado las diferencias políticas, toca mirar a un solo objetivo y esforzarse porque esta tercera ola de coronavirus no cause estragos en el país.

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