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La decisión del presidente Luís Arce Catacora y su gabinete de depurar con violencia a los líderes cívicos del país con métodos parecidos a los ejercidos por el “Plan Cóndor” en la época de 1970 a 1980, para perseguir, torturar y hasta eliminar políticos opositores, sin duda que constituye una afrenta ignominiosa a los derechos humanos de los bolivianos.

Tras las cargas de movilizaciones de policías primero para frenar el paro indefinido decretado en Santa Cruz que para el gobierno fue una derrota rotunda a los legisladores del MAS, ahora ordena cambios en su dirección en represalia por el derecho a la protesta de los 21 días por el fraude electoral monumental de 19 de octubre de 2019, que tanto la OEA como la UE verificaron la manifiesta manipulación de actas y de un padrón donde incluso votaban los muertos y se recomendó que se haga un nuevo padrón electoral.

La intervención de más de 2.000 policías que llegaron a Potosí hace poco más de 48 horas (9-12-21), para aprehender a Marco Antonio Pumari, exlíder cívico de Potosí, Juan Manuel y los hermanos Zuna, manteniendo al primero en una situación de incomunicación, secuestrado, restringido en su derecho a la defensa, utilizando procedimientos desproporcionados, ilegales e inhumanos, al extremo de haber sido torturado psíquica y físicamente como aseguró su abogado Jorge Valda.

En este sentido, tenemos que manifestar nuestras perplejidad e indignación por la cadena de sucesos que degradan la integridad del ser humano, y denunciar al gobierno por la violación de los DDHH, ante el Alto Comisionado de la ONU contra la tortura y Comité de protección de Derechos Humanos de la OEA, UE, UA y el Parlamento Europeo.

Estados Unidos junto a la OEA desde muy temprano, tienen conocimiento que: en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, son y fueron gobiernos que llegaron democráticamente reformando sus constituciones y que a través de planes coordinados han secuestrado la democracia, han impuesto padrón electoral sin derecho a la verificación, a la cadena de custodia y la dictación de leyes electorales en sintonía con los programas y objetivos del partido político en gobierno. Además de acuñar el fraude en una práctica vergonzosa y perversa, tienen derechos de prorrogarse en el poder sin límite justificado, suspendiendo el conteo rápido, al punto de encarcelar a los candidatos opositores y el cinismo de aparecer como víctimas de -golpes de estado-, cuando ellos mismos son los golpistas por cultura.

El totalitarismo del gobierno de facto en Bolivia tiende a expandirse no como furgón de cola, sino como opresión cruel, salvaje y masiva, al suprimir y cancelar los derechos fundamentales de los supuestos enemigos, que luchan por la democracia y libertades, donde Biden y los dirigentes de la democracia del país de norte muy pocos esfuerzos han hecho por controlar estos regímenes consintiendo que los ciudadanos no tengan derecho a la vida, la libertad y la justicia, verbigracia como la audiencia cautelar que se llevó a cabo el sábado en el Distrito Judicial de Llallagua contra Marco Antonio Pumari desde horas 16:30, prescindiendo el juez cautelar del carácter público y hasta prohibición de ingreso de prueba a favor del aprehendido, vulnerando los (“arts. 115. I. II, 116.I, 117.1, 120.I y 121.I CPE”). La esposa de Marco Antonio Pumari, María Isabel Cusi reveló que al ser detenido su esposo por policías que estaban de civil, no se identificaron le pusieron una bolsa en la cabeza, lo enmanillaron y todo el camino a Betanzos lo amenazaron y que no fue fácil luchar por la clandestinidad impostora.

Insistiendo en la medida cautelar, sabemos que la detención no puede durar más del tiempo estrictamente necesario como señalan los arts. 9.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el 5.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos cuando requieren la conducción del detenido a presencia del judicial en el plazo más breve posible. Por ello, una prolongación dilatada e insólita de la detención gubernativa y tortuosa, puede suponer una penosidad adicional y una coacción moral, añadida e injustificada, sobre el detenido incompatible con sus derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable por el supuesto delito de obstaculización de procesos electorales.

Por último, José Barrionuevo considera “plenamente ajustada a derecho, si los jueces competentes consideran que una persona no debe estar en prisión provisional, tomarán la resolución correspondiente, pero si se toma la decisión de que esté en prisión provisional, esa situación es incompatible con la situación de no estar en prisión”, sobre todo si se han vulnerado todos sus derechos y garantías procesales. El juez cautelar Raúl Ademar Barriga declaró cuarto intermedio con el pedido fiscal de seis meses de detención preventiva y la defensa pidió libertad irrestricta al no existir riesgos procesales, pero al finalizar la audiencia determinó la detención preventiva contra Marco Antonio Pumari por seis meses a cumplir en el penal de Uncía, por el supuesto delito previsto en e inc. h) del art.283 de la Ley 026 del Régimen Electoral.

En síntesis, para un gobierno de facto, tramposo y violento, nada sumiso a la Constitución y las leyes que, desafortunadamente, destruye la institucionalidad democrática, obliga al pueblo, al menos, a articular los cabildos nacionales y descubrir prematuramente que es irrenunciable la concordia que está allí en la “primacía de la Constitución que no puede desconocerse”, y si los azules que torpedean al Estado y los agentes policiales que no merecen llevar el Escudo por sus actitudes violentas supuestamente por órdenes superiores, pues hay que pedirles su dimisión, ello puede suceder también de manera anticipada “en la cabeza”, mejor si va acompañada con una estructura de un sistema federal hasta el último cantón como la Suiza sorprendente.

Pedro Gareca P. es Abogado defensor de los DDHH

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