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Dos días de bloqueo de rutas le bastaron al gremio del transporte pesado para torcer el brazo del Gobierno y obligarle a suspender las pruebas técnicas del tramo ferroviario Arica-La Paz, privándole así a los productores bolivianos de tener una opción de transporte más competitivo para sacar las exportaciones del país.

Los transportistas, que siempre le ganan al Gobierno en sus demandas y consiguen sus objetivos con bloqueos de las rutas, una vez más demostraron que en Bolivia la lógica de la presión y el chantaje son más efectivos y fuertes que las políticas estatales, y consiguen con mayor facilidad aun sus metas con la actual administración, que ha dado muestras de una gran debilidad.

Bolivia se priva así de contar con un ferrocarril que está detenido desde hace 16 años, un servicio que existe en todos los países como una alternativa económica en el transporte de grandes cargamentos de entrada y salida por las fronteras.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, cedió ante los transportistas en la primera reunión sostenida con ese sector, dejando, en el camino, un arriesgado precedente en el manejo de conflictos y demandas ante gremios asociados.

Pero aun así, el transporte pesado de Cochabamba decidió mantener los bloqueos porque no reconoce los acuerdos firmados por el ministro Montaño con dirigentes del sector para suspender la operación del ferrocarril Arica-La Paz.

Según los dirigentes cochabambinos, los transportistas que lograron el acuerdo con el Gobierno no tienen nada que ver con la logística de la carga internacional. Es más, anuncian que masificarán los puntos de bloqueo si el Gobierno no atiende los pedidos que ellos tienen, al margen del asunto del ferrocarril.

Más allá de las discusiones entre los diversos sectores del transporte pesado, la decisión del Gobierno de Luis Arce de suspender la operación del tramo ferroviario Arica-La Paz representa un retroceso en la posición boliviana frente a Chile, porque incumple uno de los acuerdos principales del Tratado de 1904.

En ese compromiso binacional, Bolivia consiguió que Chile reconozca su obligatoriedad de otorgarle facilidades para el transporte de carga a través del ferrocarril y durante los últimos años el Gobierno boliviano incluso acusaba a su par chileno de tener paralizado el tramo ferroviario y de incumplir, por tanto, el Tratado de 1904.

Esta incongruencia fue rápidamente percibida en Chile, donde el senador José Miguel Durana salió a criticar al Gobierno de Luis Arce por exigir a Santiago el cumplimiento del Tratado de 1904, cuando es La Paz quien no lo cumple al no permitir la operación del ferrocarril binacional.

Durana acusó a Gobierno del MAS de cambiar de parecer sin respetar acuerdos cuando sienten amenazada su estabilidad política. “Cuando se ve débil el Gobierno de turno boliviano, la emprende contra Chile porque eso les suma apoyo y este caso no es la excepción”, dijo el legislador.

Esta no es la primera vez que el Gobierno de Luis Arce cede ante las presiones de los transportistas. El 22 de abril, los transportistas del Chapare hicieron firmar al ministro de Obras Públicas un compromiso para desembolsar 15 millones de bolivianos para el mantenimiento del tramo Colomi-Villa Tunari. Solo después de eso, los transportistas levantaron el bloqueo de la ruta Cochabamba-Santa Cruz.

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