Las naciones no quiebran de un día para otro. Primero se agotan las reservas, luego los dólares, después las filas para conseguir combustible y un mercado paralelo de divisas, y finalmente la confianza se esfuma. Bolivia recorre peligrosamente ese camino, y el gobierno de Rodrigo Paz, lejos de torcer el rumbo, se ha instalado en la administración del síntoma.
Durante años vivimos convencidos de que los elevados ingresos del gas natural durarían para siempre. Con ellos se financiaron subsidios, expansión del gasto público y empresas estatales deficitarias, sobre un modelo sostenido por un flujo de divisas que hoy ya no existe. Cuando los gastos superan permanentemente a los ingresos, llega la crisis. Ese diagnóstico no es nuevo para el gabinete económico; lo alarmante es que el nuevo gobierno gestione la crisis con la misma lógica de parches que prometió abandonar en campaña.
La escasez de dólares, el alza del tipo de cambio paralelo, las dificultades para importar combustibles y la creciente dependencia del financiamiento externo son síntomas de una misma enfermedad: Bolivia consume más dólares de los que produce. El debate oficial sigue concentrado en los efectos y no en las causas: controles, mesas de diálogo, decretos de emergencia y créditos externos que alivian momentáneamente sin modificar el problema estructural. Cada nuevo decreto parche —incluido el reciente ajuste al esquema de combustibles— confirma la misma estrategia: comprar tiempo político a costa de tiempo económico, que es el que Bolivia ya no tiene.
Que el Gobierno busque un programa con el Fondo Monetario Internacional reconoce implícitamente que la liquidez internacional requiere apoyo externo. No hay nada vergonzoso en acudir a organismos multilaterales; lo preocupante es la lentitud y ambigüedad con que la administración Paz conduce esa negociación, alternando anuncios optimistas con retrocesos y silencios.
El respaldo multilateral, de hecho, ya está sobre la mesa. El BID ofreció un paquete de 4.500 millones de dólares para 2026-2028, el Banco Mundial ofreció un préstamo inicial de 200 millones, y la CAF aprobó 3.100 millones en operaciones de crédito con el país. A esto se suman las negociaciones paralelas con el FMI por hasta 5.000 millones de acuerdo a lo anunciado por Rodrigo Paz. El respaldo financiero existe y es considerable; lo que falta es que el gobierno cierre su parte del trato, pues el monto total está condicionado a que el Ejecutivo cumpla los requisitos del Fondo, precisamente las reformas que la administración Paz ha preferido postergar. No es la comunidad financiera internacional la que falla: es la falta de decisión interna la que mantiene ese financiamiento en suspenso.
Bolivia sostiene uno de los sistemas de subsidios a los combustibles más costosos de Sudamérica, posible mientras hubo abundantes ingresos gasíferos. Hoy exportamos menos hidrocarburos, importamos más diésel y gasolina, y disponemos de muchas menos divisas para pagarlos. No existe el combustible barato: cada litro vendido bajo su costo internacional lo paga alguien, sea el consumidor o, cuando el Estado no alcanza, mediante deuda, presión fiscal o consumo de reservas. El gobierno de Rodrigo Paz lo sabe, y aun así prefiere administrar el subsidio con ajustes menores: un mecanismo que prolonga por cálculo político, no por convicción técnica.
Las cifras dimensionan el problema. Sumando las ofertas del BID, del Banco Mundial, de la CAF y los eventuales 5.000 millones del FMI — dan como resultado entre USD 8.600 millones y USD 13.600 millones si el programa del FMI se aprueba íntegramente, un tercio del PIB boliviano— ese financiamiento solo estabilizaría la economía si va acompañado de reformas macroeconómicas que el gobierno aún evita anunciar. El subsidio a los combustibles representa, además, un costo fiscal de miles de millones al año que deja de invertirse en hospitales, carreteras o infraestructura. La brecha del dólar paralelo encarece las importaciones, mientras la administración Paz insiste en medidas cosméticas que no alteran estos costos.
Por ello considero que Bolivia debería liberar de inmediato los precios de la gasolina y el diésel, y que el gobierno actual debe dejar de postergar esa decisión escudándose en el temor a la reacción social. Sé que la propuesta será considerada impopular, pero las decisiones económicas importantes rara vez lo son; lo irresponsable es que un gobierno que llegó prometiendo firmeza técnica mantenga una ilusión mientras la realidad financiera empeora cada mes. Tendría costos evidentes —mayores precios de transporte, un repunte inicial de la inflación— pero también beneficios: menor peso fiscal del subsidio y mayor credibilidad ante cualquier programa de estabilización. Nada de esto exige abandonar a los sectores vulnerables: la política social debe fortalecerse, con ayudas focalizadas.
El gobierno de Rodrigo Paz tampoco puede seguir actuando como si el Estado fuera el único motor del desarrollo: necesita recuperar la inversión privada, la seguridad jurídica, reglas tributarias estables y una producción de hidrocarburos que vuelva a convertir al país en un destino atractivo para el capital. Mientras Perú, Paraguay, Uruguay y Chile consolidaron marcos estables para atraer inversión, Bolivia ha perdido competitividad. Argentina y Ecuador ya pagaron el costo político de postergar decisiones: cuanto más se posterga un ajuste inevitable, mayor es el sacrificio exigido a la población. La economía no castiga las malas intenciones, castiga las inconsistencias, y este gobierno ya acumula varias. No basta con pedir préstamos o publicar decretos parciales: Bolivia necesita un programa coherente que combine disciplina fiscal, estabilidad monetaria, apertura a la inversión, fortalecimiento institucional y una estrategia clara para recuperar divisas, algo que la administración Paz aún no presenta con la contundencia que la emergencia exige. Gobernar implica tomar decisiones difíciles antes de que las impongan los mercados.
Bolivia todavía puede evitar una crisis mucho más profunda que no afectará solo a la economía sino también a la misma democracia, pero esa ventana se cierra, y cada semana de vacilación oficial la reduce un poco más. Cada día sin corregir los desequilibrios estructurales aumenta la incertidumbre, fortalece el mercado paralelo del dólar y deteriora la confianza de quienes producen, invierten y generan empleo. El país ya no necesita explicaciones ni promesas de campaña recicladas como política de Estado: necesita liderazgo, coherencia y decisiones. Y el gobierno de Rodrigo Paz, si quiere diferenciarse de la gestión que critica, tendrá que demostrarlo con hechos, entendiendo que la estabilidad económica nunca será resultado de negar la realidad, sino de enfrentarla con responsabilidad y el coraje político que exige toda gran transformación nacional.