Edición Impresa

Golpe de Estado y fraude: visible pero resistible

Pedro Gareca 28/10/2019 03:00

Escucha esta nota aquí


 En la medida en que el derecho es tanto la causa como la conse­cuencia del Estado, que proyecta a la nación, no debe de sorpren­dernos que tanto el sistema ju­rídico como la cultura jurídica que encarnen los gobernantes mantengan un estrecho vínculo no solo con la idea de pertenencia a la nación, sino esencialmente, al control y dominio amplificado sobre los poderes políticos y los segmentos más frágiles carentes de discernimientos razonables.

El escenario es el primer germen sembrado como golpe de Estado artesanal.

Aunque el derecho tiene la par­ticularidad susceptible de ence­rrarse en pirámides normativas, capaz de armonizar los niveles nacionales, regionales y univer­sales, lo evidente es, ya sea para bien o para mal, que la diversidad cultural impide una unificación sencilla en sus intereses comu­nes, cuando se opta por un para­digma alejado del sistema jurídico de los derechos humanos, por la primacía de herramientas legales perturbadoras que al usurpar las funciones autónomas de los po­deres -sofistifican el golpe de Es­tado- con centenares de leyes y lo sacramentan con elecciones su­puestamente democráticas en ca­denas, con resultados: una veces preconcebidos, otras reducidas en el derecho de control, así como robando el voto del ciudadano y, finalmente, habilitándose como candidatos arrasando con los lí­mites de la ley, la Constitución y los valores de la democracia.

Pero, ¿qué es el fraude electo­ral?

Según el Diccionario Enci­clopédico de Derecho Usual del Dr. Guillermo Cabanellas es: “To­da maniobra que lleva a alterar los resultados de una auténtica vota­ción; más aún, cuando desprecia los votos emitidos a favor o en contra de determinados candida­tos o, por extensión, el resultado de las respuestas formuladas en un plebiscito o referéndum”.

Reforzando esta concepción, resultaría incompleto no referirse al principio de lealtad constitucio­nal que se ve quebrado cuando el Tribunal Supremo Electoral, Tri­bunal Constitucional, Fiscalía Ge­neral y el sistema de Gobierno no cumplen con los principios cons­titucionales esenciales y el Esta­do de derecho que los garantiza y, resulta burdamente atacada, cuando a través de más de 2.000 actas con falencias incrementa­ron el voto a favor de Evo Mora­les del MAS (Fuente: ing. Édgar Villegas y equipo de expertos en TVU), fraude que corrobora el Dr. Carlos Alarcón en la conferencia de prensa brindada el jueves, cuando al identificar cinco varia­bles de alteraciones de datos con la tendencia de favorecer en las 24 horas de pausa del TREP, el TSE permitió a la empresa contrata­da de escaneo y traslado de datos alterar las cifras favoreciendo al MAS y restando votos a CC, consi­derando que 770 mesas debieron ser anuladas.

Haciendo énfasis que del hallazgo de 109.277 vo­tos cuestionados podían modifi­car los resultados para validar una segunda vuelta.

Los votos libremente expre­sados por los ciudadanos en las urnas el domingo 20 son invio­lables e inalterables.

De modo que el resultado del TSE como cómputo nacional electoral del 99,99% que otorga al MAS el 47,07% y a CC, el 36,51% es bur­do y vergonzoso, porque el TSE censurablemente se ha sumado al “golpe democrático” con la trama del fraude democrático, que en el fondo es un robo al ciudadano y una ofensa a la dignidad humana y generaciones de niños y jóvenes, sin precedentes.

En la línea de recuperar la lega­lidad, la transparencia y confian­za, tanto la Comisión de la OEA y el informe de la UE, al observar la interrupción inesperada en la transmisión y conteo de los re­sultados preliminares del sistema TREP, recomiendan que la mejor opción es ir a una segunda vuelta.

En principio parece ser una sali­da ideal, la pregunta es, si por el fraude identificado que alcanza a más de 2.000 actas traducidos en 109.277 votos cambiados a favor del MAS sin incluir las al­teraciones de actas de los votan­tes de Madrid, Barcelona y otros países ¿se mantendrá invariable la composición de senadores y diputados a pesar del fraude de­mostrado?

En mi opinión, la nuli­dad debería ser de todo el proceso y con nuevo árbitro. Como no puede haber convi­vencia en libertad sin derecho, el informe del ministro de Justicia y del canciller en el Consejo de Se­guridad de la OEA no sorprende a nadie cuando “niega que en Boli­via se hubiera incurrido en fraude y que el presidente Evo Morales fue nuevamente reelegido”, faltar a la verdad, califica como un in­tento de “alterar” la Constitución y Diego Pary sostiene que desde el 2005, 16 elecciones se han pro­ducido y somos un país profun­damente democrático. Ninguna persona sensata de­jaría de preguntarles si en Boli­via hay separación de poderes e independencia, si no se usurpan

 las funciones de los órganos com­petenciales, si todos los poderes están bajo el control del presiden­te Morales y ¿si no es ilegal el pe­riodo 2014-2019? ¿Si respetaron el Referéndum 21-F que les dijo No a la reelección? y si resguar­dan la Constitución para evitar ser “alterada” 

¿Por qué se valieron del TCP para mutar la Constitución? Finalmente, cómo explican los re­sultados de la auditoría de la OEA de fines de 2017, que encontró en 2014-2019 48.759 cédulas repeti­das, 99.775 ciudadanos registra­dos con libreta militar y 4.732 registros con ceros a la izquierda de la cédula y 8 casos con guiones.

 La auditoría que aprueba Luis Al­magro, socio visible del sistema de gobierno, será un nuevo baño de legitimidad al fraude democrá­tico de 2019. 

Julio Cesar Zabala dice: “Es me­jor vivir la vida como desafío, luci­dez, entendimiento, coraje y va­lentía hasta quitarse al opresor”.