8 de enero de 2024, 4:00 AM
8 de enero de 2024, 4:00 AM

Con su característica audacia, el presidente argentino Javier Milei ha iniciado su mandato implementando el controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que busca derogar o modificar leyes para desregular la economía, y la llamada ley ómnibus, que aspira a una transformación integral del Estado. Ambos paquetes de medidas buscan cambiar el rumbo de un país inmerso en una crisis inflacionaria, con un alto déficit fiscal, un brutal endeudamiento y elevados índices de pobreza. Milei ya había anticipado que solo a través de medidas de shock se podrían encontrar soluciones a tan descomunales problemas.

La ley ómnibus es bastante ambiciosa y complicada en su aplicación, porque solicita la declaración de emergencia pública en asuntos que posibilitarán privatizaciones, limitarán las protestas e introducirán reformas electorales, entre otros cambios radicales. Propone, además, extender esta emergencia hasta finales de 2025, con la opción de prorrogarse por dos años adicionales. Bajo esta figura, Milei menoscabaría funciones del Legislativo durante toda su gestión, lo que plantea la pregunta: ¿logrará el presidente que este paquete se apruebe en el Congreso, donde su partido solo controla un 15% del mismo? Aquí será crucial el apoyo de sus aliados políticos.

La resistencia a las medidas ya comienza a manifestarse. La Justicia dictó la suspensión de la reforma laboral a petición de un poderoso sindicato vinculado al peronismo, pero el Gobierno ha anunciado que apelará la decisión. Mientras tanto, ya ha habido numerosas protestas callejeras que rechazan el DNU, y la oposición peronista intenta movilizar a los ciudadanos a las calles y ha convocado a un paro general para el 24 de enero.

Seguramente, los argentinos que votaron por Milei eran conscientes de los grandes desajustes económicos provocados por los gobiernos populistas de izquierda que lo precedieron. El pozo se ha hecho cada vez más profundo por los subsidios, la fijación de precios irreales, las prácticas clientelistas, la falta de fomento a la inversión privada, la ineficiencia de las empresas estatales y otras políticas dispendiosas e insostenibles.

La gran incógnita es si todos estos desajustes pueden cerrarse de golpe como pretende Milei, ya que la situación sin duda empeorará para los sectores más vulnerables antes de que se revierta el rumbo. Como plantean los analistas, la desregulación del mercado supone un reajuste muy brusco al que los salarios y jubilaciones de la población no se ajustan en la misma proporción.

Por otro lado, si Milei asume el control de decisiones que corresponden al Legislativo, se corre el riesgo de que acumule demasiado poder y la democracia se convierta en autocracia. No hay que olvidar que, como dice el refrán, “el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Al final, la batalla determinante que librará Milei se dará en las calles, como ya lo experimentaron sus antecesores liberales, incluso con medidas menos radicales que las suyas. Si las clases medias deciden sumarse a las manifestaciones callejeras, la presión social puede debilitar las alianzas en el Congreso y tirar por tierra las reformas.

Milei no debe olvidar que la política también implica saber administrar conflictos y negociar. Quizá es un buen momento para dejar atrás la metáfora de la motosierra que utilizó durante la campaña y comenzar a construir alianzas con sectores clave de la población. El sacrificio colectivo que, al parecer, es inevitable, tiene que ser llevadero y manejable. El golpe de timón parece ser la única salida del pozo para Argentina, pero deberá venir acompañado de especiales consideraciones hacia los sectores más vulnerables.