24 de abril de 2021, 5:00 AM
24 de abril de 2021, 5:00 AM

De manera inesperada el Gobierno del presidente Luis Arce ha determinado prohibir el uso de la biotecnología que se estaba experimentando en algunos productos agrícolas y establecer restricciones para la exportación de carne de ganado vacuno, actividades que hasta ahora tenían vía libre en el país.

En el primer caso se abrogó el Decreto Supremo 4232 de 7 de mayo de 2020, 4238 de 14 de mayo de 2020, y 4348 de 22 de septiembre de 2020, firmados en el Gobierno de transición de Jeanine Áñez, que promovían el uso de biotecnología en el maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados para el abastecimiento interno y la exportación.                                    

Los agricultores del país consideran la medida como un retroceso en los avances que se venían sosteniendo con miras a mejorar la capacidad productiva del agro, incluso de los acuerdos que se habían alcanzado durante la gestión de Evo Morales para la evaluación y aprobación de los denominados eventos en soya HB4, que tenía el objetivo de generar excedentes que se destinen a la producción de biocombustible.

Con esa abrogación, los productores tampoco podrán acceder al uso de semillas resistentes a los cambios climáticos y las plagas, con lo cual no podrán mejorar su productividad ni reducir los riesgos de pérdidas de cultivos por los efectos climáticos adversos como la sequía o el ataque de plagas como el gusano en el cultivo del maíz.

Con la carne vacuna el Gobierno tiene una política dubitativa y variable que podría, en realidad, revelar inseguridad y desconocimiento de la naturaleza de la producción de la carne. ¿O existe una razón política cuya motivación se desconoce por ahora? En un solo día determinó la prohibición temporal de exportar carne y horas después cambió de parecer y determinó establecer un control a través de un certificado de abastecimiento para poder vender al exterior.

Según los datos del propio Gobierno, Bolivia produce 284.221 toneladas de carne, de las cuales el 91 por ciento se destina al consumo interno y de las restantes 22.870 toneladas, se exporta sólo 16.000 toneladas. Es decir, se trata de un porcentaje reducido, manejable, que no afecta al abastecimiento interno.
Con la nueva medida del Gobierno nada cambiará, es decir no habrá ni más ni menos carne vacuna para el mercado interno, pero sí tiene el efecto de colocar una nueva traba a la actividad productiva porque ahora se tendrá que hacer nuevos trámites para demostrar que no se afecta al mercado interno, el mismo mecanismo que se aplica a la soya.

La pregunta que surge de inmediato después de conocerse esas dos nuevas medidas gubernamentales es ¿cuál es el objetivo del Gobierno con esas dos nuevas restricciones? ¿Se trata de un nuevo jaque al sector productivo cruceño, el más importante del país? ¿Qué se persigue exactamente?

Los ganaderos afirman que los mejores cortes de carne vacuna se venden en el mercado interno sencillamente porque se hace mejor negocio vendiéndolos en el país que exportándolos. De modo que esa tampoco sería una razón para la nueva restricción a esa actividad. ¿Qué se busca, entonces?

El país no ha salido aún de las persecuciones políticas, de las tensiones del proceso electoral finalmente concluido, aunque las nuevas autoridades aún no juraron, y ahora se suma un nuevo conflicto innecesario, concentrado esta vez en la región de Santa Cruz. Demasiado para tan poco tiempo.


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