En 1950, el PIB por habitante de Bolivia -en términos de igual poder adquisitivo (PIB pc) y en dólares de 2011- alcanzaba a $3.011, sólo 13,1% menor que el de España ($3.464) y superior en 34,7% al de Brasil ($2.236); 2,7 veces mayor que el de Corea ($1.178) y casi cuatro veces superior al de China ($799) (Maddison Data Base 2023).
En 2022, si bien el PIB por habitante de Bolivia había llegado a $6.481, representaba sólo el 44,3% del de Brasil ($14.640), menos de una quinta parte (19%) del de España ($34.123). Y el de Corea del Sur era seis veces mayor que el de Bolivia: $41.321. Con bajísimo desempleo, en el nuevo milenio ha llegado a ser número uno en fabricación y uso de robots (OIT 2023).
Y China, que en 1975 -antes de adoptar la economía de mercado- tenía un producto por habitante que equivalía a sólo el 36% del de Bolivia, en 2022, 47 años más tarde, ya lo triplicaba ($19.238).
¿Por qué nos quedamos atrás? - Porque nos hemos equivocado en nuestras políticas de desarrollo. Bolivia siempre ha contado con una gran dotación de recursos naturales pero su extracción sólo ha beneficiado a minorías, lo que se denomina “extractivismo”. Se intentó terminar con ello a través de “nacionalizaciones” (expropiaciones), tanto en el siglo XX como en el XXI, y en ambos casos el Estado no se contentó con actuar como propietario de las empresas expropiadas sino expandió su papel de empresario a otras actividades: en el siglo XX durante la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978) y en el XXI durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (2004-2019 y 2020-2025).
Pero si bien -al menos en el segundo caso- hubo progresos en superación de la pobreza, en términos de crecimiento sostenible el remedio resultó peor que la enfermedad: en ambos casos el país quedó fuertemente endeudado -y en los años siguientes hubo que dedicar gran parte del ahorro a pagarla- y quienes más se apropiaron del excedente fueron los gobernantes, sus familiares y sus burocracias a través de la corrupción, la peor forma de extractivismo pues no se reinvierte.
La experiencia de los países que hace unos 60 años todavía estaban más atrasados que nosotros, y ahora encabezan los rankings, nos enseña que debemos abandonar definitivamente el estatismo: el Estado debe proveer en forma permanente sólo bienes públicos puros, como normas generales y medios de cumplimiento. Y para ello contar con burocracias de excelencia en todos sus niveles, reducidas a mínimos, pero meritocráticas: seleccionadas competitivamente y controladas a través de contratos anualmente renovables después de las respectivas evaluaciones, y lucha efectiva contra la corrupción: con castigos ejemplares a los funcionarios que se corrompan.
Y, para lograr un crecimiento sostenible, incentivar el desarrollo de tecnologías que conduzcan a innovaciones y para ello cambiar radicalmente la educación (según propuse anteriormente) y ejecutar programas de Investigación y Desarrollo, es decir, financiar investigaciones cuyo objetivo sea desarrollar tecnología a aplicarse en las empresas. Y que el motor del crecimiento sea la competencia económica, entre organizaciones y entre individuos, regulada por el Estado para que redunde en beneficio común.
Pero la condición indispensable para lograr el desarrollo es la inclusión incentivando la eficiencia: que todas las regiones y personas tengan igualdad de oportunidades, y el camino para ello es la descentralización. Pero no simplemente transferir competencias y recursos a gobiernos subnacionales sino diferenciar entre bienes territoriales y bienes sociales: territoriales, de consumo público, como infraestructura; sociales, de consumo privado, como salud y educación.
Para bienes territoriales, plena autonomía a los gobiernos subnacionales sobre la base de impuestos propios y orientándola fundamentalmente hacia municipios que se asocien conformando regiones homogéneas para concertar el desarrollo territorial con los productores.
Y en salud y educación, también plena autonomía, pero de los ciudadanos: que los contenidos obligatorios sean mínimos y los ciudadanos escojan entre establecimientos autónomos en competencia que decidan lo demás de los contenidos, y los recursos humanos y equipamiento que requieran para lograr sus objetivos.
Que las transferencias del gobierno nacional sean subsidiarias respecto a las decisiones de las autonomías y de los ciudadanos, pero su objetivo primordial sea garantizar efectivamente igualdad de oportunidades para ambos.
(*) Iván Finot es MSc en Economía y especializado en Descentralización y Desarrollo