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9 de julio de 2022, 4:00 AM
9 de julio de 2022, 4:00 AM

Por Ana Lía Masilla-Especialista en comunicación estratégica y gerente general de Kreab Bolivia

Hace algunos días, el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero visitó Bolivia para dictar una conferencia y cumplir una agenda política de acompañamiento a la gestión del presidente Luis Arce. Pero más allá de los apoyos políticos y las controversias, expresó un mensaje claro e importante: una verdadera “democracia social” necesita el apoyo de las empresas privadas.

En las seis oportunidades en que Zapatero visitó el país, su presencia acaparó atención mediática por su franca línea de apoyo a los gobernantes del MAS. No es un secreto. La exautoridad española es reconocida por simpatizar con movimientos y gobiernos de izquierda a nivel internacional y también por nutrir vínculos de colaboración y mediación entre varios sectores de América Latina. Para estas actividades no requiere de “licencias” y su interés lo impulsó a viajar, en más de 230 oportunidades, a encuentros en la región.

Pero en esta oportunidad, su visita a Bolivia cobró mayor significado, pues defendió abiertamente la necesidad de cultivar la relación entre Gobierno y empresa privada, formar una alianza o un “pacto recíproco”. En un evento donde estaba el presidente del Senado boliviano y varios asambleístas del MAS, el hombre que fue dos veces presidente de España dijo que “para promover una democracia social se requiere la participación de tres actores clave: Gobierno, empresarios y sindicatos”.

A criterio del exlíder del país ibérico, quien gobierne debe necesariamente respetar al sector empresarial y brindar seguridad jurídica. Por supuesto, también enfatizó el otro lado del esquema: los empresarios deben asumir un compromiso social con su país; lo que equivaldría a respetar el proceso político actual y a sus gobernantes con una “neutralidad inteligente”. Estos son, para Rodríguez Zapatero, los dos lados del “pacto” para promover el desarrollo del país.

Bolivia tiene entre sus páginas sensibles capítulos de desencuentros entre estas dos partes, pero también cuenta con importantes hitos que han demostrado el valor que representa el trabajo conjunto entre Gobierno y empresa. En este contexto, la práctica de Asuntos Públicos por parte de las compañías —es decir, el manejo profesional de las relaciones corporativas con el mundo público— ha demostrado ser un camino valioso cuando se realiza con transparencia y compromiso. Los empresarios no solo generan empleo formal, sino que pagan el grueso de los impuestos y desarrollan las regiones de múltiples maneras. Como auténticos líderes, no deben aislar sus negocios y más bien deben ampliar las oportunidades para aportar a las políticas del Gobierno e interactuar con su entorno social. El Gobierno, por su parte, necesita abrirse a una conversación permanente con el sector privado en temas específicos donde Bolivia enfrenta grandes desafíos.

Como profesional de la comunicación estratégica, he sido testigo de que este tipo de acuerdos pueden beneficiar al país. Si son estratégicamente planificados y respetan todas las aristas de las prácticas profesionales, las relaciones público-privadas incrementan la productividad y competitividad de las empresas y producen sinergias que repercuten en el desarrollo sostenible. Por ello, hago eco de las palabras del líder español y concuerdo que el desarrollo de una agenda público-privada es un requisito urgente para construir verdaderas políticas de Estado, más allá de los colores políticos.

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