Opinión

Hay que investigar en el municipio

El Deber 18/8/2018 04:00

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No se trata solo de la compra de bandas para los concejales, ahora también de banderas, cuyo precio es elevado con relación al valor de mercado. También de la suscripción de muchos contratos con las mismas empresas, como si no hubiera otros proveedores. En suma, se trata de la imperiosa necesidad de realizar una investigación de fondo respecto a las adquisiciones que realiza el gobierno municipal de los cruceños.

El asunto comenzó con la denuncia ciudadana respecto a la compra de 25 bandas para los 11 concejales municipales, por un valor de Bs 1.400 cada una. Las explicaciones desde el municipio enredaron en vez de aclarar, ya que se dijo que la compra no se hizo en 2017, sino en 2016 y que en realidad el precio fue la mitad. La responsable de administración y finanzas del municipio atribuyó la incoherencia a “fallas en el Sicoes (Sistema de Contrataciones del Estado)”.

Escarbando un poco más en el Sicoes, junto a la denuncia de un diputado nacional de UD, saltó otro dato revelador: la aparente compra de 160 banderas cruceñas por Bs 44.300 en 2016, precio observado como muy alto en relación a los que hay en el mercado y con relación a adquisiciones de otras instituciones como la Gobernación y la Brigada Parlamentaria.

Además, se descubrió que la proveedora de tales objetos es una empresa llamada Textilander, la misma que no ha actualizado su registro en Fundempresa desde 2014 y que no está en la dirección que registra en el Sicoes. Se supo que en realidad quien figura como propietario de tal compañía es gerente comercial de otra más grande (MAHS), que tiene decenas de otros contratos con el municipio.

El alcalde afirmó que “en la Alcaldía no ha pasado nada”, pero se abrió a que se sancione a quienes fueran responsables de posibles irregularidades. Mientras tanto, se hacen recurrentes las protestas ciudadanas de los ‘jueves de retreta’, frente a estos hechos que se denuncian.

Son muchos datos llamativos que deben explicarse desde el gobierno municipal por respeto al ciudadano. Hasta aquí, quienes destaparon las compras y las dudas no han sido funcionarios municipales, tampoco los concejales que son los que deberían fiscalizar el uso de los recursos de la ciudad. Ha sido lamentable la ausencia de dos concejales del MAS en la sesión donde debía informarse sobre estos hechos. No estaban porque acudieron a la fiesta de la virgen de Urkupiña.

La Contraloría debería decir algo al respecto y desde el municipio se tendría que investigar y sancionar, en caso de encontrarse actos reñidos con las normas. No nos cansaremos de repetir que las autoridades electas tienen la responsabilidad de administrar la gestión y los recursos, pero que deben rendir cuentas por sus acciones. No deben olvidarse de que están de paso. Será siempre mejor la transparencia en vez de pretender tapar las denuncias con ataques a los que las realizan.

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