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Génesis tenía 20 años y un embarazo de seis meses. Era una muchacha con sueños que quería materializar. El 14 de diciembre debía defender su proyecto de grado en la carrera de Contaduría. Después buscaría la licenciatura en la capital cruceña. Nada de eso será posible. Ella tomaba una ducha en la casa de sus padres a la que había vuelto para alejarse del hombre que la maltrataba frecuentemente. En el domicilio familiar la acompañaba su pequeño hijo de 4 años cuando, de improviso, en un momento inesperado y aciago, aquel sujeto irrumpió en el lugar y comenzó a agredirla. Lo hizo antes de estrangularla en presencia del niño que fue testigo de la muerte de su joven madre. El hecho ocurrió en un barrio de Yapacaní y el autor del feminicidio decidió entregarse horas más tarde a la Policía.

La muerte de Génesis ocurrió poco después de haberse conmemorado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instituido el 25 de noviembre de cada año por Naciones Unidas “para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas para su erradicación en todos los países”. El Secretario General de ese organismo, António Guterres, había calificado la violencia contra las mujeres y las niñas como “una pandemia mundial” y un agravio moral para todas ellas, un motivo de vergüenza para todas nuestras sociedades y un obstáculo importante para el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible…Hasta que las mujeres y las niñas, que constituyen la mitad de la humanidad, vivan sin miedo, sin violencia y sin inseguridad diaria, no podemos afirmar realmente que vivimos en un mundo justo y equitativo”, subrayaba Guterres en su mensaje.

Desde que se desató y extendió mundialmente el brote del Covid-19, los nuevos datos e informes revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo la violencia del hogar. La escalada brutal, además de truncar vidas, provoca sufrimientos indecibles y deja un número creciente de mujeres viviendo atenazadas por el dolor y el temor donde quiera que sean agredidas. Los impactos al núcleo familiar, con efectos irreparables en la mayoría de los casos, se extienden generacionalmente y empobrecen moral y espiritualmente la vida en familia y en comunidad.

En lo que va del año, Bolivia ha superado el centenar de casos de feminicidio, lo que significa que en el país una mujer pierde la vida a manos de su pareja cada 72 horas. Otro aspecto preocupante es la ubicación de Bolivia entre los tres primeros países de la región con los índices más altos de este delito, según datos suministrados por la Cepal.

Entre sus primeras medidas, aunque sin entrar en detalle, el Gobierno del presidente Luis Arce anunció que será ‘implacable’ la lucha contra la violencia que soportan las féminas en el territorio nacional. En el tratamiento y erradicación del problema, la participación del Estado necesariamente tiene que traducirse en hechos concretos y en la provisión de los recursos que hagan falta. Y porque no atañe única y exclusivamente a las mujeres que sufren violencia y el atropello de sus derechos fundamentales, ni al Gobierno, es un compromiso inexcusable que debe asumir la sociedad boliviana en su conjunto.

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