En los últimos días, el Ministerio de la Presidencia expuso una verdad que el país ya conocía de sobra: las empresas públicas en Bolivia son deficitarias. Gastan sistemáticamente más de lo que ingresan. Confirmado el diagnóstico oficial, la pregunta que inunda el debate social es previsible: ¿Qué sigue? ¿Se deben cerrar, reestructurar o buscar la esquiva meta de hacerlas “eficientes”?
El problema de fondo es de esencia económica: el Estado no posee los incentivos ni la naturaleza para ser un buen administrador en sectores donde debería competir el privado. Su participación solo se justifica en aquellas áreas estratégicas o sociales donde el capital privado no tiene interés en ingresar. Para entender cómo este desajuste fiscal golpea directamente al bolsillo del ciudadano a través del dólar, analicemos dos casos emblemáticos: YPFB y Mi Teleférico.
YPFB y la trampa de los precios artificiales
¿Qué sentido tiene que el Estado se empeñe en monopolizar la venta de gasolina y diésel, cuando este es un negocio que los privados pueden gestionar tranquilamente sin generar distorsiones? Ninguno. Una distorsión de mercado ocurre, precisamente, cuando las reglas de juego se alteran artificialmente. Si el Estado importa carburantes a un precio real de 10 bolivianos, pero te los vende internamente a un costo subsidiado, genera una ilusión de bienestar: precios de transporte y alimentos artificialmente bajos.
El problema es que cuando el Estado se queda sin dinero para mantener el subsidio, la fantasía se acaba. Aparecen las filas en los surtidores, el desabastecimiento frena la producción y la inflación se dispara. Lo que parecía un beneficio inicial termina siendo infinitamente peor. Si se permitiera que los privados se hicieran cargo de la importación y comercialización a precios internacionales —como ocurre en Chile, Perú o Brasil—, el Estado se quitaría de encima un gasto multimillonario. Menos gasto significa menos déficit fiscal, y menos déficit fiscal se traduce en una menor presión para que el tipo de cambio suba. Así de simple.
Mi Teleférico y el subsidio justificado (pero mal distribuido)
Al otro extremo encontramos a Mi Teleférico. Aquí el Estado subsidia el traslado diario de miles de personas. A diferencia de los combustibles, este subsidio sí genera un beneficio social neto: dinamiza el comercio, reduce los tiempos de viaje y conecta ciudades. Si el servicio estuviera en manos 100% privadas, la tarifa técnica para generar ganancias sería prohibitiva, la gente volvería en masa al transporte tradicional y colapsaría el tráfico vehicular.
Sin embargo, que el subsidio sea justificable no significa que esté bien diseñado. Actualmente, el costo de operación de este transporte paceño es absorbido en gran medida por el Estado central, lo que significa que, indirectamente, otros departamentos terminan financiando el transporte de La Paz y El Alto. Para que sea sostenible y justo, la transferencia de este costo debe redistribuirse de forma equitativa entre las alcaldías de La Paz y El Alto, la Gobernación y el Gobierno central, aliviando la espalda del erario nacional.
¿Qué tiene que ver esto con el dólar?
Todo. Como analizamos en la anterior columna, el nuevo esquema cambiario en Bolivia responde al mercado mayorista (bancos, exportadores e importadores). Aunque el ciudadano común en el mercado minorista no pase el día analizando las planillas de las empresas públicas, los grandes jugadores de la economía sí lo hacen.
Los bancos y los grandes importadores observan el comportamiento del Estado. Si ven que el Gobierno se resiste a cerrar las empresas deficitarias y se niega a soltar los subsidios comerciales ineficientes, calculan el desenlace obvio: el Estado seguirá gastando más de lo que tiene, se quedará sin ahorros y, tarde o temprano, obligará al Banco Central a emitir billetes sin respaldo para cubrir el bache. Como la emisión monetaria destruye el valor del boliviano, estos agentes económicos hacen lo que cualquiera haría para protegerse: anticiparse a la crisis comprando divisas. El incremento sostenido del tipo de cambio no es un ataque especulativo abstracto; es la respuesta matemática del mercado ante un Estado que se niega a ordenar su casa.
* Oscar Cuentas Sandy, economista