Opinión

Hipótesis del ministro y sus consecuencias

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15 de junio de 2018, 4:00 AM
15 de junio de 2018, 4:00 AM

El resultado del dictamen pericial careció de objetividad, causando un impacto negativo generalizado, la gente empezó a darse cuenta de que había motivos para dudar. El ministro de Gobierno planteó un par de hipótesis fallidas, orientadas a culpar a un estudiante de la UPEA; luego, en pocas horas y mediante un dictamen pericial, planteó una tercera hipótesis descartando las anteriores y presentó al subteniente Cristian Casanova como el responsable de la muerte del estudiante Jonatán Quispe, señalando que este actuó por cuenta propia. 

El ministro no pudo hilar una sola hipótesis coherente, forzando el planteamiento de las mismas para culpar a un tercero y deslindar responsabilidad al Gobierno y a la Policía, acudiendo al invento de la “ruptura de la cadena de mando”, excusa típica cuando algo no les sale bien y de esta forma responsabilizar a un subalterno, al más débil de la sucesión de mando, a quien sacrifican o inmolan para cuidar la imagen de la institución policial, cuidar las espaldas de Evo Morales y evitar procesos legales. 

Al respecto, es importante enfatizar que desde el punto de vista teórico-doctrinal la supuesta ruptura de la cadena de mando es una figura de “insubordinación” y es muy grave que esto suceda en las unidades policiales, puesto que no merecerían la confianza de su pueblo; en el caso del subteniente Casanova esta figura no se aplica, porque él se encontraba en actos del servicio, cumpliendo órdenes escritas (orden de operaciones) firmada por un superior, quien a la vez recibió órdenes del Comandante General de la Policía y del Ministro de Gobierno, previo visto bueno del presidente Evo Morales. 

Por eso, con justa razón, se reprocha, critica y se reclama al “jefe” sin perjuicio que se le aplique la ley, porque solo el jefe es quien posesiona o contrata a sus funcionarios, solo él puede deshacerse de sus malos empleados, solo él puede despedirlos. La responsabilidad es del presidente y de toda la pirámide jerárquica, según las normas del Estado, y entre ellas citaré dos: por una parte “la vulneración de los derechos constitucionales hace responsables a sus autores intelectuales y materiales” (Art. 110.II CPE) y por otra parte “el victimario de Jonathan, no tiene excusa para deslindar su responsabilidad, aún hubiera cometido el atentado por orden superior” (Art. 110.III CPE). La sociedad civil debe apoyar a El Alto desde varias direcciones para reclamar justicia y que se aplique la ley, sin distinciones ni privilegios.

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