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Hora de institucionalizar Impuestos y Aduana

Antonio Rocha 16/11/2020 05:00

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En el desafortunado gobierno transitorio que acaba de concluir, conformado por improvisados actores políticos, cívicos, empresariales y hasta sindicales, profundizaron la desinstitucionalización en Impuestos Internos y la Aduana Nacional, convirtiendo ambas entidades en desdeñable escenario de entrada y salida de amigos, familiares, allegados y hasta empleados de empresas con procesos legales coactivos por gravámenes e impuestos. Solo en los últimos 11 meses hemos tenido cinco presidentes interinos de la Aduana Nacional y tres presidentes interinos en Impuestos Nacionales, lo que por sí solo habla del manoseo político al que fueron sometidas ambas entidades del Estado.

En la línea del discurso de asunción del presidente del Estado y de su gabinete ministerial, reiteramos lo ya expresado desde las instituciones privadas relacionadas al comercio exterior, que la base de un gobierno transparente y eficiente es la institucionalización de las entidades recaudadoras de tributos, como la aduana e impuestos, además de las organizaciones de control gubernamental, como la Contraloría y Procuraduría, y de forma transversal los órganos del poder judicial, incluido la Fiscalía. Esto, además de transparencia, genera la sensación de seguridad jurídica para el contribuyente y para el inversionista nacional o extranjero.

El proceso de re-institucionalización de Impuestos y Aduana debe encararse desde tres ejes esenciales: I) el respeto a la autarquía institucional, reconociendo que estas instituciones responden al Estado y no al partido que lo gobierna. 

II) La preminencia de la meritocracia e idoneidad en los cargos jerárquicos, que deben ser elegidos en la Asamblea Legislativa en base a convocatorias y procesos de evaluación y selección a cargo de la universidad o empresas especializadas independiente; y III) la implementación de procedimientos operativos íntegramente digitales transparentes con adecuado control tecnológico del comercio transfronterizo y un buen soporte de análisis de riesgo de los contribuyentes.

Contrariamente a lo que la mayoría de la población cree, que a las personas no les gusta pagar impuestos, en realidad lo que les disgusta es recibir muy pocos beneficios por los impuestos que pagan. Si tenemos una presión fiscal cercana al 20% respecto del PIB, lo que menos se espera es que nuestro socio Estado retorne esos ingresos fiscales a la población en mayor y mejores servicios de salud, educación e infraestructura que permitan, a su vez, generar mayor producción, empleos y bienestar para los ciudadanos comunes, que contribuyen pagando impuestos al consumo, a la propiedad y por las transacciones de sus bienes patrimoniales.

En la medida en que tengamos entidades recaudadoras confiables, desburocratizadas, transparentes, eficientes y digitalizadas, la contribución fiscal de la empresa y el ciudadano será más eficiente al tener menores costos de gestión y control fiscal interno y a su vez se podrá generar mayor certidumbre y previsibilidad al reducirse futuras contingencias por interpretaciones o presunciones de la administración tributaria en aspectos como valoración aduanera, validación del crédito fiscal, determinación del impuesto a las utilidades u otros aspectos normativos que resultan controversiales y terminan en procesos contenciosos en las vías administrativas o jurisdiccionales.

Otro problema a resolver en la política tributaria es la incertidumbre generada en el contribuyente por el prolongado periodo de prescripción de la actuación de la administración tributaria para determinar deuda tributaria, lo que resulta un premio a la ineficiencia del fisco para ejercer su potestad de control y fiscalización. 

El promedio del periodo de prescripción en América Latina está entre cuatro y seis años, mientras que en Bolivia se subió de cinco a ocho años, lo cual no solo genera un exceso de incertidumbre en el contribuyente, sino, que innecesariamente produce un doble castigo al determinarse presuntas deudas tributarias que pueden triplicar el monto original de la misma por la actualización de la deuda con la UFV, más la cuantía de la sanción y la adición del interés de la deuda.

Finalmente, una administración tributaria eficiente pasa por la universalización del impuesto y la eliminación gradual de los regímenes de excepción que resultan hasta discriminatorios, tal el caso de los regímenes simplificado, unificado y agropecuario, bajo los cuales se camufla una actividad económica intensiva en capital tanto en el sector comercial, de transporte y agropecuario, debiendo establecerse mecanismos de control e inteligencia fiscal para detectar la evasión tributaria. En definitiva, se trata de sacar la presión y exacción a la actividad formal del Régimen Tributario General ampliando su base de contribuyentes, incorporando en él, a los que deben estar.