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El país de las paradojas no deja de sorprendernos a cada paso: en tiempos de pandemia, y cuando la cuarta ola del covid-19 ha comenzado a mostrar los primeros indicios de su incidencia dramática con el incremento diario de casos de contagio, el departamento de Santa Cruz tiene el Hospital Óscar Urenda de Montero cerrado desde hace más de dos meses.

Ese centro de salud es el único que cuenta con terapia intensiva para todo el Norte Integrado de Santa Cruz. Inició sus operaciones en junio de 2020 durante la primera ola del virus, por la fuerte presión social de Montero y gracias a eso estuvo recibiendo pacientes hasta la tercera ola.

Ahora nadie sabe cuándo será reabierto, pero además tiene deudas pendientes de pago desde 2019 por servicios básicos no cancelados por algo más de dos millones de bolivianos.

Los últimos cinco pacientes que ocupaban el hospital fueron transferidos el 21 de septiembre pasado a otros centros, con el objetivo, supuestamente, de que la empresa responsable de la construcción, equipamiento y puesta en marcha del hospital haga la entrega definitiva de las instalaciones a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) dependiente del Ministerio de Salud.

En teoría, y siguiendo los procedimientos administrativos establecidos para casos como este, el Gobierno nacional tendría que transferir el hospital de Montero al Gobierno Departamental de Santa Cruz.

Ese proceso está detenido por una diferencia de criterios respecto a los recursos humanos que se encargarán del hospital. En el borrador de convenio intergubernamental para la transferencia hay una cláusula en la que se señala que la Gobernación debe hacerse cargo del personal, dice el director departamental de Gestión Hospitalaria, Edil Toledo. Ese es el punto de la discordia.

El hospital del norte requiere de unos 600 ítems si quiere abrir al 100 por ciento de su capacidad, pero de momento se intenta evaluar una apertura por fases, inicialmente con unas 100 a 200 personas contratadas.

Otra de las dificultades que traba la reapertura del centro de salud Óscar Urenda son las facturas impagas por provisión de electricidad y agua, que superan el monto de dos millones de bolivianos. Ni el Ministerio de Salud ni la Gobernación de Santa Cruz quieren hacerse cargo del pago de esas cuentas.

Para el 7 de diciembre próximo está prevista una reunión conjunta convocada por el Control Social de Montero con el Ministerio de Salud, Gobernación de Santa Cruz, Colegio Médico y otras instituciones locales con el fin de encontrar una solución que permita la reapertura del hospital. De no lograrse ese objetivo, vendrán medidas de presión que incluye el bloqueo de la carretera que une Santa Cruz con Cochabamba.

De momento, el Norte Integrado está indefenso ante la llegada de la cuarta ola. El hospital de Montero daba servicio de tomografía a toda esa región, así como también de unidades de terapia intensiva.

Eso quiere decir que cuando lleguen los enfermos de la cuarta ola en el norte, tendrán que ser derivados a Santa Cruz de la Sierra, lo que implica correr el riesgo de la distancia, de la saturación de los hospitales de la capital, de no ser aceptados o de esperar en camillas en los pasillos o dentro de la ambulancia.

Es urgente que autoridades de los niveles central y departamental se sienten en la mesa, discutan alternativas y se pongan de acuerdo en estas horas. Mejor hacerlo ahora que los casos de covid-19 no son muchos. Después podría ser tarde.

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