10 de abril de 2022, 9:14 AM
10 de abril de 2022, 9:14 AM

Santa Cruz es el departamento más moderno del país, no solo en términos materiales sino también actitudinales. Nadie puede poner en duda su conexión con los mercados mundiales, el dinamismo de sus emprendimientos, su preocupación por atraer la inteligencia nacional e internacional y desarrollar espacios en los que se aplique la tecnología más avanzada a la vida cotidiana y los negocios. Tampoco la apertura de sus habitantes al mundo contemporáneo.

Sin embargo, en medio de esta modernidad, en los últimos meses nos hemos enterado de que algunos dirigentes cruceños habían estado usando el método más antiguo que se conoce para acumular capitales: el enriquecimiento personal con fondos públicos. Este descubrimiento ha sido aprovechado por los enemigos del Departamento, porque ha generado en la mayoría la percepción de una incoherencia entre las formas cruceñas de trabajar en la industria, la agricultura y el comercio, y sus formas de hacer política.

La corrupción es un problema muy grave porque es ubicua y transversal a todas las culturas, regiones, sectores sociales y líneas ideológicas o políticas. Creo que, sin embargo, Santa Cruz posee los recursos y, como acabo de mencionar, la actitud que son necesarios para enfrentarla con éxito. Santa Cruz debería buscar convertirse en un “oasis” sin corrupción funcionaria del país, de modo que lo que allí se logre sirva de modelo para el resto del país –igual que el Departamento es modélico en el campo económico.

Santa Cruz, es decir, su gobernación, la alcaldía de su capital, su universidad pública, etc., deberían someterse a una reingeniería que:

a) Se libere de supernumerarios, de un modo que permita aumentar significativamente el salario de sus funcionarios, en especial de los que tienen responsabilidades administrativo-financieras. La consigna debería ser: “Menos, pero mejor pagados”.

b) Ponga a los mejores hombres y mujeres de la región a cargo del manejo operativo de sus instituciones, sin importar el partido que haya ganado en las elecciones. Para ello se necesita un consenso social que haga difícil que el personal requerido rechace la posibilidad de servir temporalmente al Estado regional. A ello contribuirán los buenos salarios que se paguen. De este modo se eludirá la “selección negativa” que se da en todas las instituciones públicas, por la cual en ellas terminan los peor formados y los que menos posibilidades tienen de triunfar en el sector privado (con excepciones). Gente con más prestigio en los gobiernos departamentales, locales y universitarios será gente con más que perder en caso de doblegarse ante la corrupción.

c) Mejore los sistemas de evaluación y control. Es obvio que pese a la enorme burocratización de la actividad estatal que se ha dado en los últimos años, estos sistemas no funcionaron para impedir los casos de corrupción que han salido a la luz pública. Si hubieran sido eficientes, las alarmas se habrían disparado mucho antes. Hay que implantar otros sistemas menos burocráticos y más efectivos, con una especial preocupación por la transparencia de todos los procesos y la participación en ellos de la sociedad.

Estas ideas también se deberían aplicar a instituciones que tienen un alcance público pero una administración privada, como las cooperativas de servicios. Santa Cruz debe aprovechar esta episódica crisis para retomar sus mejores tradiciones, que en el pasado hicieron de su Corporación de Desarrollo la más eficiente del país. Solo un cambio serio, abrazado por todas las fuerzas políticas y sociales regionales, evitará que la política que se hace en Santa Cruz se convierta en un obstáculo para el desarrollo cruceño y perjudique a la oposición nacional al autoritarismo.



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