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25 de octubre de 2024, 3:00 AM
25 de octubre de 2024, 3:00 AM

La piedra angular de toda democracia moderna descansa sobre un principio fundamental: la igualdad ante la ley. Este precepto, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, se ha convertido en letra muerta bajo el actual gobierno, donde la persecución judicial selectiva se ha transformado en una herramienta sistemática de control político y social.

El régimen actual ha perfeccionado un sistema de justicia a dos velocidades: una implacable y expedita para opositores y disidentes, y otra indulgente y letárgica para los afines al oficialismo.

Esta realidad se materializa en los más de 180 exautoridades y líderes opositores que enfrentan procesos judiciales, mientras que denuncias graves contra altos funcionarios y exfuncionarios del partido de gobierno se archivan sin mayor investigación.

El caso más escandaloso y reciente que ejemplifica esta justicia selectiva es la inacción ante las graves denuncias contra el expresidente Evo Morales sobre presuntos delitos contra menores de edad. Mientras estas acusaciones, respaldadas por documentación y testimonios, permanecen sin investigación seria por parte de la Fiscalía, otros casos de menor gravedad contra opositores avanzan con inusitada rapidez. Esta diferencia en el tratamiento judicial no solo viola principios constitucionales básicos sino que también revela la profunda crisis moral del sistema.

Los casos emblemáticos de esta doble vara abundan. El escándalo de corrupción en YPFB, que involucra contratos sobrevalorados y negociaciones irregulares por millones de dólares, permanece sin investigación seria. El caso del Fondo Indígena, donde desaparecieron millones de bolivianos en proyectos fantasma, sigue sin alcanzar a los principales responsables políticos. Mientras tanto, alcaldes y gobernadores opositores enfrentan procesos exprés por supuestas irregularidades administrativas menores.

El actual gobierno ha cooptado sistemáticamente el sistema judicial, convirtiendo a jueces y fiscales en operadores políticos. Las designaciones de magistrados interinos, que debían ser temporales, se han perpetuado estratégicamente para mantener el control sobre el Órgano Judicial. La independencia judicial, pilar fundamental de cualquier democracia, ha sido completamente erosionada.

La situación actual recuerda peligrosamente a las prácticas de regímenes autoritarios donde la justicia se convierte en un brazo ejecutor del poder político. Las consecuencias son devastadoras: inversión paralizada por inseguridad jurídica, emigración de profesionales y empresarios, y un clima general de temor donde la crítica al poder se castiga con el peso selectivo de la ley.

El contraste con democracias funcionales es alarmante. Mientras países como Uruguay y Costa Rica fortalecen su institucionalidad con sistemas judiciales verdaderamente independientes, Bolivia retrocede hacia un modelo en el que la justicia responde a consignas políticas. Las decisiones del gobierno de ignorar fallos judiciales que no le favorecen demuestra su desprecio por el Estado de Derecho.

La recuperación de la igualdad ante la ley requiere más que reformas cosméticas. Es necesaria una refundación total del sistema judicial, que garantice su independencia real del poder político. Los bolivianos debemos exigir el fin de la justicia selectiva y la persecución judicial como herramienta política.

No puede ser posible que mientras algún ciudadano sea procesado y encarcelado por X Delito, otro(s) estén libres, impunes y no se aplique la Ley de forma igualitaria. Cualquier trato desigual ante la Ley es ya preocupante y eso se ve en Bolivia de forma cotidiana.

Por tanto, el momento actual es crítico: o recuperamos la esencia del Estado de Derecho, donde la ley sea verdaderamente igual para todos, o nos resignamos a vivir en un régimen donde la justicia seguirá siendo un instrumento de persecución política. No podemos permitir que algunos estén por encima de la ley mientras otros son perseguidos implacablemente. La democracia boliviana está en juego, y el silencio nos hace cómplices de su deterioro.

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