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Ilegalidad de las intervenciones telefónicas

Joadel Bravo 28/4/2021 05:00

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Las intervenciones telefónicas, popularmente conocidas como “pinchazos”, volvieron a la escena pública luego de las declaraciones del ministro de Gobierno sobre la “tecnología” que se empleó en la aprehensión del exministro de Desarrollo Rural acusado de recibir coimas para el saneamiento de tierras. Posteriormente, un audio supuestamente filtrado de la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa de Santa Cruz evidenció una solicitud para “intervenir celulares” de los asambleístas del MAS y aplicar un “control de lealtad” que fue invocado en la conformación de la mesa directiva del nuevo ente gubernativo regional.

A este respecto, el artículo 25.I, de la Constitución establece que toda persona tiene derecho al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas. Si bien señala que, salvo autorización judicial, no obstante, dicho articulado, en su inciso III, dispone que ni la Autoridad, ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice. Finalmente, el consiguiente inciso IV, castiga con la ineficacia legal la información y pruebas obtenidas con violación de las comunicaciones en cualquiera de sus formas.

Si bien la Ley 913 estable la “intervención telefónica”, con autorización judicial, como mecanismos de investigación de organizaciones criminales, en casos de investigaciones de tráfico ilícito de sustancias controladas. Sin embargo y conforme al precitado art. 25 de la Constitución, corroboramos la prohibición de intervenciones telefónicas; aparejado a ello, el art. 109 de la Constitución, ordena que “todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección”. Consiguientemente y toda vez que el art. 410, de la Carta Magna, dictamina que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico patrio y todas las personas, los órganos públicos, funcionarios e instituciones públicas, están sometidos a la Constitución.

Consiguientemente, corroboramos palmariamente que toda y cualquier interceptación de conversaciones o comunicaciones privadas están prohibidas bajo efecto de nulidad jurídica de la información o pruebas obtenidas. Por tanto y toda vez que el derecho al secreto de las comunicaciones privadas está previsto como un derecho fundamental y para que las intervenciones telefónicas puedan ser admitidas en juicio, los gobernantes tienen que acudir a una Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, toda vez que el art. 411 de la Constitución sitúa que la reforma de esta en aquellas partes que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, debe ser a través de dicha vía.

Consiguientemente y después de que mediante Asamblea Constituyente se llegara a modificar el antedicho art. 25, se deberá emitir una ley específica, donde: 1) Las intervenciones telefónicas pueda utilizarse en la investigación de cualquier delito penal y previa resolución expresa del Juez; pudiendo aplicarse a la interceptación del flujo de comunicaciones en sistemas de informática y telemática. 2) No será admitida las intervenciones telefónicas cuando: I No haya indicios razonables de la autoría o participación en la comisión de delito penal alguno. II El indicio pueda ser obtenido por cualquier otro medio disponible; y, III el hecho investigado no constituya la comisión de delitos de organizaciones criminales o asociaciones delictuosas. 3) Cualquier presunción delictiva a investigar y que precise de intervenciones telefónicas, deberá ser Requerida por el Ministerio Público al Juez Cautelar de manera fundamentada, inclusive con la indicación y calificación de los investigados, salvo imposibilidad manifiesta debidamente justificada, y con la descripción de los medios a ser empleados; Requerimiento este que deberá ser de conocimiento del Fiscal, el Investigador y el Juez, bajo sobre cerrado y lacrado. 4) El Juez en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas resolverá el pedido. La negativa podrá ser apelable ante el Tribunal de Apelación, quien resolverá en igual plazo de veinticuatro (24) horas de recibida la solicitud. 5) La Resolución del Juez que autorice intervenciones telefónicas, deberá ser fundamentada, sobre pena de nulidad, consignará la identidad del miembro policial –perito y de la (s) persona (s) a ser vigilada (s) electrónicamente. Dichas identidades deberán ser mantenidas en reserva y se conservarán fuera de las actuaciones con la debida seguridad en sobre cerrado y lacrado, por el Juez y el Fiscal. Esta autorización no podrá exceder el plazo de treinta (30) días, prorrogable por igual término. 6) El policía que realice intervenciones telefónicas deberá cumplir las reglas de la pericia establecidas en el código, manteniendo informado al Fiscal encargado de la investigación de sus actuaciones; todo ello, mediante acta circunstanciada. 7) Realizar intervenciones telefónicas, de informática o telemática, o quebrantar el secreto por parte del Juez, el Fiscal, el Policía Investigador y/o los dependientes de estos, sin autorización judicial o con objetivos no autorizados por ley, constituye delito, con una pena de tres (3) a cinco (5) años de privación de libertad y multa.

En tanto y en cuanto la Constitución actual no sea modificada y a través de los mecanismos que ella misma prevé, toda y cualquier intervención telefónica que realicen las autoridad o persona alguna, serán carentes de legalidad y no podrán ser utilizadas en las investigaciones penales que se pretendan. Lo lamentable de todo esto es que los legisladores no han podido evacuar determinada ley que sancione penalmente a cualquiera que efectúe u ordene intervenciones telefónicas, como las señaladas anteriormente.



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