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Constituye un paradigma, la afirmación de que las instituciones públicas en América son muy débiles y muy inestables, como consecuencia de las características propias de sistemas políticos presidencialistas o, bien de partidos políticos cuyos programas no son examinados por los órganos electorales, a pesar de ser imperativo la compatibilidad con la Constitución y la democracia.

Abadín, A. (2013: 97) conjugando la apuesta que formula Medellín, P. (2004-103) por políticas públicas con perspectiva neoconstitucional, dirigidas al fortalecimiento institucional y la recuperación democrática, indica que: “La reforma y modernización de la administración pública en la región americana además de ser un asunto de Estado democrático relevante, tiene la virtud en estos países, de proporcionar el entramado de estabilidad, seguridad y profesionalidad que precisan las políticas públicas diseñadas para contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes”.

Advertimos que los actores políticos y sociales y los órganos en los que actúan y representan, ciertamente se integran al Estado, y este es parte del sistema político, siendo este cada vez más “policéntrico”, desatendiendo la descentralización autonómica, procesos de participación y democratización que deberán ser complementados entre sí, respetando la independencia y acordes entre sí, no siempre es así. Vale preguntarse ¿son simples versos la independencia de poderes? o ¿se agita el temor a las autoridades de estar fuera del coro del ejecutivo?

Este proceso de descomposición institucional supone ser más visible en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Honduras y hoy Bolivia, al haberse saldado mayoritariamente a favor del poder ejecutivo el modelo hegemónico, en detrimento de los otros poderes, exacerbado el presidencialismo y el cesarismo secundados por grupos armados irregulares y marchas de indígenas y servidores públicos soliviantados por presidentes más nefastos de la historia, debilitando la democracia y el Estado de derecho y lo gravísimo para quienes queremos vivir en libertad, contribuyen los gobernantes, esencialmente el órgano electoral y la justicia en su cúpula jerárquica a una democracia “monumentalmente fraudulenta” que representativa, transparente y de una ciudadanía plena.

Como han puesto de manifiesto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la derrota del terrorismo, narcotráfico y dictaduras es un interés público de primera importancia en una sociedad democrática, en la que los gobernantes llegaron por vía de elección y al cooptar los poderes hasta son capaces de mancharse con sangre al saber que, sin oposición y neutralidad de los órganos la perpetuidad en el poder político la asumen como permisión, desconociendo la Opinión Consultiva OC-28/21 de 7 de junio de 2021.

Ahora bien, el talante mostrado por la exvocal del Tribunal Supremo Electoral Rosario Baptista Canedo en dos cartas y en su última declaración ante un medio de prensa internacional, es de encomio y respetable por su honor y dignidad de mujer valiente que ha denunciado al mundo: a) que el MAS ha montado un Estado delictivo para desmoronar la democracia; b) ha tomado el poder para apropiarse del Estado; c) se ha secuestrado la democracia por el MAS; d) el órgano electoral está manipulado y no es transparente; e) que se descubrió un bloque de data oculto manejado por un partido político que es un padrón electoral alterno; f) que en las leyes electorales hay muchas disposiciones que favorecen al MAS y que son inconstitucionales, por ejemplo cuando un candidato es inhabilitado por el TSE pese a cumplir con todos los requisitos no tiene derecho a la impugnación; g) se ha coartado el derecho de participación a los indígenas; h) en las elecciones de octubre de 2020 con el recuento de solo el 5% de votantes se opuso a que la Sala Plena del TSE sacara un comunicado declarando ganador a Arce Catacora, sin embargo por los resultados de dos encuestadoras los candidatos de CC y de Creemos reconocieron los resultados, lo que le llamó la atención como si no quisieran ser ganadores; i) el poder judicial está cooptado por el partido de gobierno y el ministerio público se llevó datos, pruebas, actas y hasta la fecha no se conoce el resultado del proceso investigativo contra los vocales denunciados; j) Admite que el TSE tiene rango jurisdiccional y que la publicación de resultados de encuestas en la que incurrió Arce Catacora en agosto de 2020, pese a existir jurisprudencia con la inhabilitación de 280 representantes del organización política “Todos por el Beni “ de Carmelo Lens el 2015, no se canceló la personería del MAS.

Por último, Rosario Baptista Canedo señala que el padrón electoral no es un sistema abierto a la verificación que permita el acceso a la información; no hay justicia electoral ni ordinaria; no hay posibilidad de contrastar las listas índices y las huellas digitales de los votantes con las huellas del padrón biométrico a momento de inscribirse el ciudadano y que el Estado es una extensión instrumental del partido y que el Estatuto del MAS es una especie de gabinete en temas de planificación lo que revela su vinculación con el legislativo. 

Al respecto, por esta cadena de denuncias que proviene de una exvocal y que se presume que la presión que ha sufrido ha sido tan hartera al punto que el TSE ha remitido antecedentes al ministerio público para procesarla por presunto delito de incumplimiento de deberes, su exilio elegido en resguardo de sus derechos y libertades la enaltece, y el enlistado de denuncias que realiza son suficientes para que el TSE en Sala Plena cancele la personería del MAS, al tratarse no de una simple organización con fines políticos democráticos, sino de un partido que ha violado la Constitución reeligiéndose más allá de los límites legales (4 veces), desconociendo los resultados del Referéndum 21 f y secuestrando la democracia con leyes mordazas.

Cuando la democracia no tiene la posibilidad de expresarse a través de la Constitución, al pueblo le corresponde optimizar la protesta hasta enjaular al león.

Pedro Gareca Perales es Defensor de DDHH

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