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Improvisación, corrupción e impunidad

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El año 2009 la empresa naviera boliviana (Enabol) dependiente del Ministerio de Defensa, durante la gestión del Gobierno de Evo Morales, realizo los trámites de adquisición de 16 barcazas y dos empujadores para la navegación comercial en los puertos del Sudeste boliviano (Puerto Suárez, Quijarro y Puerto Busch) sin haber previsto las condiciones de operatividad en los puertos. ¿Cómo pudo el Gobierno del MAS comprar un material voluminoso y de alto costo sin antes haber previsto apropiadas instalaciones portuarias?

El Gobierno de Evo Morales no realizó las siguientes actividades preparatorias antes de la compra, Primero: organización de un Consejo Nacional Marítimo-Portuario encargado exclusivamente de la planificación, dirección, control y ejecución de las actividades portuarias del sudeste boliviano. Segundo: prever la construcción de la carretera Mutún-Puerto Busch, junto al tendido de la línea férrea para el transporte de grandes volúmenes de carga a menor costo y menor tiempo. Tercero: operativizar el estudio ya existente del canal Tamengo para el dragado y señalización, incluyendo los puntos críticos a lo largo de la hidrovía. Asimismo, otros detalles de fondo, como la ampliación de la superficie de los puertos disponibles, incluyendo los puntos de atraque en relación con la cantidad de cargas (líquidos y sólidos) y la dimensión de las barcazas por unidad que oscilan entre 12 metros de frente por 70 metros de largo, las mismas que para mayor rentabilidad se conforman trenes de empuje con dimensiones de 50 x 290 metros en un primer tramo; posteriormente antes de salir al Atlántico, llegan a conformarse trenes de hasta 60 x 320 metros.

Esos hechos que no se tomaron en cuenta, demuestran una premeditada tendencia hacia una estafa millonaria al Estado, pero también una confabulación para evitar el arribo de esas barcazas porque afectarían intereses particulares nacionales, pero principalmente extranjera. En ese marco, el Gobierno del MAS truncó una de las aspiraciones de la sociedad boliviana y un objetivo de Estado, como la proyección de nuestra cualidad marítima que beneficiaría la actividad comercial por ambos océanos (Pacífico y Atlántico) evitando la dependencia de los puertos chilenos, ya que de los 5 millones de toneladas de carga que Bolivia mueve por exportación e importación, cerca del 90% pasan por las plataformas portuarias chilenas.

Este asunto tiene aristas de orden legal, político y económico que recae en la comisión de un concurso de delitos contra el Estado, que deben ser investigados por la próxima gestión gubernamental, debiendo alcanzar a los más altos niveles del Gobierno del expresidente Evo Morales. Bolivia no puede seguir sometida a la corrupción y a los intereses de grupos de poder por encima de los intereses del Estado. Desde el punto de vista geopolítico, nuestro país no debe quedar rezagado del mundo globalizado, que exige la participación fluida de los Estados en el comercio exterior, promocionando la exportación de productos nacionales preferiblemente con valor agregado, para fortalecer el potencial nacional a través de la eficiencia estatal y privada con el fin de optimizar competitivamente la producción y coadyuvar al robustecimiento del Estado boliviano.