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Al menos 182 personas -bolivianos y extranjeros que residen en el país- se registraron para pagar el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), de las cuales 110 dejaron Bs 159,3 millones en las cuentas de Impuestos Internos, mientras otros 72 contribuyentes aún tienen pendiente la cancelación.

Pero no serán los únicos, también los bolivianos que residen en el exterior del país y que tienen patrimonio superior a los Bs 30 millones, tendrán que registrarse durante este mes para tributar el IGF, anunció el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales. Y quienes no cumplieron con el pago del nuevo impuesto serán pasibles a una multa del 200 por ciento, es decir, tendrán que pagar tres veces el valor inicial.

El país ha sumado a sus arcas alrededor de 22,8 millones de dólares con este polémico impuesto, en cuyo cobro jugó a favor la Justicia -cuándo no- que desde hace un tiempo viene actuando del lado de los intereses del Gobierno.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) recibió en febrero cuatro recursos en contra del IGF, y pese a tener un plazo de cinco días para aceptar o rechazar esas demandas, hasta hoy no se pronunció en ningún sentido. Es decir, prefirió mirar a otro lado hasta que llegue el plazo final del pago, el 31 de marzo, y no solo no tomó una decisión sobre el contenido de los recursos, sino que ni siquiera respondió con la aceptación o rechazo.

El tiempo dirá qué efecto habrá tenido en las inversiones el cobro de este impuesto, que en términos globales sumó una cifra insignificante frente a los centenares y miles de millones de dólares que mueve el Estado. Habrá que ver si la recaudación de 22,8 millones terminará siendo más significativa que lo que el país dejará de percibir en inversiones de los empresarios nacionales, pero también de los inversionistas extranjeros, a quienes muy probablemente no les hace mucha gracia venir a un país que ahora inventó un nuevo tributo a los ingresos, que en otras palabras es también un castigo al trabajo, a la generación de empleo y finalmente al éxito.

Si bien por varias razones se debe mantener la reserva de la identidad de los aportantes de este tributo, el Gobierno tiene que informarle al país si en el grupo de los registrados están también los grandes millonarios -esos sí millonarios- del contrabando y otros oficios por fuera de la ley. Son los llamados ‘nuevos ricos’, que no pagan impuestos, no generan empleos, no pagan sueldos, aguinaldos ni beneficios sociales.

Sería un nuevo gesto discriminatorio volver a gravar a los sectores formales que pagan muchos impuestos y dejar libres del IGF a aquellos que lucran incluso más que los grandes empresarios formales, pero que no aportan al Estado ni siquiera a través del régimen simplificado.

En el balance, quedará la duda de cuán pertinente fue incorporar este nuevo impuesto a la ya pesada carga tributaria que sostienen los empresarios del país después de más de un año de reducción de los ingresos por la pandemia y la crisis económica, y sus efectos tendrán que observarse en el ámbito de las nuevas inversiones y en la generación de empleos.



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