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La candidata a primera senadora por Comunidad Ciudadana en Cochabamba, Andrea Barrientos, sufrió un grave atentado en Pojo, en la provincia Carrasco, durante la inauguración de la casa de campaña de la alianza que postula a la Presidencia al candidato Carlos Mesa.

En imágenes de video que circulan en estas horas se registra el momento en que simpatizantes del Movimiento al Socialismo amenazan con quemar la casa de campaña, y lanzan un explosivo que pasa a solo centímetros del rostro de la candidata.

La candidata y sus acompañantes fueron prácticamente cercados por los simpatizantes del MAS y las imágenes no dejan ningún margen a la equivocación o a la duda.

Para preservar sus vidas, ella y las personas que la acompañaban tuvieron que salir huyendo del lugar. Más tarde, Barrientos denunció que se trata de la tercera agresión con piedras y petardos que sufrió en menos de una semana, en la que incluso dijo haber estado al borde del linchamiento.

Los hechos de violencia ocurren a solo dos semanas de la elección del 18 de octubre y pese a la gravedad de la agresión, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no ha salido a decir esta boca es mía ni a establecer sanciones para los agresores, ni a pedir una investigación a la Fiscalía ni nada; el TSE parece mirar de palco como quien no tiene nada que hacer al respecto.

Tampoco han salido los candidatos Luis Arce ni David Choquehuanca a condenar la agresión ni a pedir a la militancia del MAS que hacer proselitismo no quiere decir agredir al adversario, ni a recordarles que ningún territorio del país es de propiedad de uno u otro partido, que el país es uno solo, que existen derechos que protegen a los ciudadanos y que los candidatos son libres de movilizarse por todo el territorio nacional sin ser agredidos.

Pero quizá es mucho pedir a unas autoridades y a unos dirigentes políticos que parecen aceptar como una ‘vieja normalidad’ que las provincias del trópico de Cochabamba sean algo así como un territorio de propiedad del partido de Evo Morales, donde nadie más puede ingresar, donde -como lo han dicho ellos mismos- nadie puede garantizar la seguridad de quien se atreva a llegar allí a hacer campaña política.

Imaginemos por un segundo que Santa Cruz fuera un territorio vedado al ingreso de candidatos del MAS, que La Paz no permitiera entrar a candidatos de Creemos, y otros absurdos inadmisibles que Bolivia acepta como si eso no fuera ilegal. No es concebible, pero lo de Chapare ¿sí es aceptable?

¿El incremento de la violencia política, las piedras, petardos y amenazas de linchamiento es otro de los resultados reivindicativos del largo ciclo de los 14 años de gobierno de Evo Morales? ¿No era que se habían atenuado las diferencias sociales, que el país estaba más unido que nunca antes y que ‘somos de la cultura de la paz’ tan demagógicamente proclamada hasta el cansancio?

La violencia e intolerancia política contra el adversario, sea cual fuera el agresor y el agredido, no debe ser admitida por nadie. Se trata de ir hacia adelante, en la ruta de un nuevo entendimiento de los bolivianos, aceptando y respetando las diferencias, pero el país va hacia atrás, al paleolítico, al lenguaje del entendimiento vía las piedras, los petardos y los linchamientos.