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Con mucha preocupación, el país observa cómo comienza el temido periodo de chaqueos y quemas, con la inquietud de que, si no se actúa a tiempo, este 2020 puede dejar resultados más graves que los registrados en 2019.

Hay que recordar que entre julio y septiembre del año pasado se quemaron 5,3 millones de hectáreas de bosques en Bolivia. El daño más severo lo sufrieron las comunidades indígenas, mientras la pérdida de flora y fauna es incalculable. Todo eso se agrava por el daño al ecosistema, que repercute en la provisión de agua y oxígeno, alterando la vida de los seres humanos.

Ha pasado un año, pero en la memoria queda intacto el sacrificio de guardaparques, bomberos y ciudadanos que dejaron la piel en su afán de proteger el medioambiente que estaba siendo devorado por las llamas. No se puede dejar de recordar que pasaron meses antes de que el Gobierno nacional reconozca lo que estaba sucediendo y se atreva a pedir ayuda y a invertir para apagar el fuego. El ex presidente Evo Morales se rehusó a declarar zona de desastre a todo el territorio afectado. Hubo una negación de la realidad y ese fue el inicio de su caída, porque los bolivianos no perdonaron el exceso de soberbia que había detrás de aquella conducta.

Este año ya ardieron más de 60.000 hectáreas en el Área Integral de Manejo Integrado (Amni) San Matías y en el parque nacional Otuquis. El fuego sigue consumiendo ese territorio, está matando animales o haciendo que estos huyan de su hábitat hacia las carreteras, además de ir devastando amplias áreas de vegetación.

Los pobladores de la zona están agobiados. Ven con desesperación que puede repetirse la historia vivida en 2019. Creen que hace falta apagar el fuego desde el aire y que los esfuerzos terrestres son insuficientes. 

Pero ¿qué hay detrás de esta situación? Sincerando los hechos, muchas de las promesas del año pasado no se han cumplido. Siguen en vigencia las normas que permiten las quemas, que incentivan la ampliación de la frontera agrícola, sin que haya planes de mitigación que eviten el desastre.

Se prometió ocupar gran parte de este año en la conformación de un cuerpo de bomberos forestales, para que las quemas no se desborden. Sin embargo, no se concretó el ofrecimiento. Ahora, son los comunarios, algunos bomberos y los guardaparques los que nuevamente desafían al fuego intentando apagar los incendios.

El problema en 2020 es más grave, porque el país y el mundo están soportando la pandemia del coronavirus, lo que hace más difícil el desplazamiento de personal para acudir a las zonas que están ardiendo. No hay que perder de vista que el promedio diario de focos de calor este año es de 905, casi el doble de lo que se registraba en 2019 en el mismo periodo de tiempo, es decir 518 en cada jornada.

Si bien hay promesas incumplidas, el Gobierno tiene la oportunidad de demostrar que le da la importancia debida a los incendios que ya comenzaron. Las acciones son varias, desde modificar las normas que permitían las quemas de manera indiscriminada y peligrosa, de manera que, si se precisa ampliar la frontera agrícola, se lo haga con un manejo responsable, con medidas de mitigación y con atención específica a las poblaciones vulnerables. Asimismo, el Ministerio de Defensa y la presidenta tienen que disponer que se apaguen los incendios allá donde ocurran. Si para ese efecto deben pedir ayuda de países vecinos, no hay que dudarlo. Solo actuando de manera oportuna y proactiva se podrá evitar el desastre vivido el año pasado.