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Cada día que pasa aparecen más evidencias de que la campaña gubernamental para asentar la teoría del supuesto golpe de Estado y la detención de ex autoridades acusadas son completamente inconsistentes y revelan una y otra vez que se trata de una estrategia política con un objetivo aún no determinado.

La última de ellas la planteó en Santa Cruz el abogado y exministro Jerjes Justiniano Atalá, quien en una entrevista con EL DEBER Radio dejó al descubierto una contradicción del Ministerio de Justicia que lleva adelante esta ofensiva política: si el Gobierno dice que hubo golpe de Estado, entonces la presidenta Jeanine Áñez sería una mandataria de facto; y si es así, entonces por qué el mismo Gobierno le sigue cuatro juicios de responsabilidad o procesos de Corte reservados para presidentes constitucionales. Al reconocerle caso de Corte, se está reconociendo su condición de presidenta constitucional, decía el abogado.

También ayer se conoció que los fiscales que llevan adelante este caso incriminaron y justificaron el encarcelamiento de Jeanine Áñez y dos de sus exministros con las declaraciones de una testigo clave, Teresa Morales, exministra de Evo Morales, que fueron tomadas a las 16:15 horas del sábado 6 de marzo, es decir, 15 horas después de la detención de la expresidenta, cuando ella ya se encontraba en celdas policiales.

Lo de ‘testigo clave’ recuerda mucho a Ignacio Villa Vargas, conocido como ‘El Viejo’, que incriminó a los acusados del denominado caso Rózsa, en un caso de supuesto terrorismo que estalló el año 2009 y que por todo lo que se conoce hasta ahora se trató de un montaje del Gobierno de Evo Morales para hacer persecución política a los líderes opositores de entonces.

Siendo así, todo indica que el Gobierno está recurriendo a la misma estrategia, la del testigo clave, para un montaje burdo que no se sostiene en pie por sus graves inconsistencias y que si sigue adelante hasta ahora es solo porque el partido gubernamental controla el Ministerio Público y la Justicia.

Otro testigo presentado por la Fiscalía en la investigación del caso de supuesto golpe de Estado es Oscar Antonio de la Fuente Amelunge, un ciudadano procesado por extorsión, calificado en el pasado de estafador por el actual ministro de Defensa, Edmundo Novillo, que además fue mensajero del exfiscal Marcelo Soza y que llamó al padre de Zvonko Matkovic Ribera para pedirle dinero.

El mismo De la fuente extorsionó al excomandante de la Policía Abel de la barra y también fue procesado por el Banco Central. Es decir, se trata de un hombre con demasiados antecedentes de delincuencia. Ahora es uno de los testigos en cuyo testimonio la Fiscalía apoya su teoría del golpe.

Cometen tales torpezas los fiscales y abogados al servicio del Gobierno, que en Sucre la jueza Tercera de Instrucción en lo Penal, Ximena Mendizábal, mandó a los abogados del Ministerio de Justicia a estudiar Derecho porque no presentaron pruebas contra el líder de la agrupación Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina, razón por la cual la jueza decidió liberarlo.

A raíz de esa decisión de la jueza, el Ministerio de Justicia anunció procesos en su contra y se supo de reuniones de coordinación de la Procuraduría con fiscales anticorrupción para preparar una orden de aprehensión de Mendizábal.

Como esos, varias otras evidencias e inconsistencias ponen en jaque la actuación gubernamental en este caso, que echan por tierra la falacia del golpe de Estado.



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