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Casi como una rutina de cada año, la Central Obrera Boliviana (COB) ha adelantado que la próxima semana convocará a una reunión nacional ampliada para definir un pliego de peticiones al Gobierno nacional, donde resalta la demanda de obtener un incremento salarial de 10 por ciento al mínimo nacional y 12 por ciento al salario básico.

Lo ha adelantado el secretario ejecutivo de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Vicente Pacosillo, quien afirma que todos los trabajadores esperan el 1 de mayo un incremento salarial de acuerdo al costo de la vida. Y pese a que reconoce que este es un año difícil, el dirigente sindical llama a “hacer un esfuerzo” y dice estar dispuesto al diálogo con los empresarios y con el Gobierno.

Días antes, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, anunció que esa organización “jamás renunciará” al incremento salarial, y con mayor razón porque el 2020 no hubo incremento.

Con esa decisión de exigir un incremento salarial, de ese o menor porcentaje, con un Gobierno aliado de la COB, un proceso electoral en marcha, y los antecedentes de los últimos gobiernos del MAS cuando los incrementos salariales no guardaban relación con las condiciones de la empresa privada y otros generadores de empleo, todo indica que este año podría haber decreto de aumento de salarios.

De ser así, se estaría ignorando que la economía boliviana reporta un crecimiento del PIB negativo y por debajo del -8 por ciento, por la caída de los precios internacionales de las materias primas, el cierre de muchas industrias y talleres por efecto de la pandemia, el funcionamiento de muchas empresas a pérdida, en un sistema tributario que no perdona nada, leyes que impiden la desvinculación laboral y exigen el pago de aguinaldos sin importar cómo haya transcurrido el año.

Economistas han advertido que en lugar de alentar un incremento salarial, el Gobierno debiera priorizar la necesidad de preservar el empleo que hoy existe, porque demandas como la de la COB generarán una precarización del empleo y una crisis aun más profunda de la actividad económica.

Junto a estrategias para preservar el empleo, también se debieran buscar la mejora de las condiciones laborales actuales, aconsejan los estudiosos de economía, empresa y empleo.

Las empresas que se vean forzadas a incrementar salarios este año buscarán formas de compensar su equilibrio aliviando costos, esto es reduciendo sus planillas laborales y así se habrá conseguido el efecto contrario. Algunas no resistirán y entrarán en quiebra, principalmente las empresas medianas y pequeñas que experimentan una frágil supervivencia tras el primer año de la pandemia.

Suele criticarse al sector privado por sus quejas, y probablemente en el pasado algo de razón tenían esas críticas, pero el tsunami económico del Coronavirus es un drama innegable y medible que ha liquidado muchas iniciativas que generaban empleo, y lo peor es que la emergencia no ha pasado: la crisis sanitaria con sus consecuencias continúa cerrando factorías, comercios, viajes y echando a la calle a trabajadores. Hará falta en las próximas semanas una evaluación a plena conciencia de las posibilidades del sector privado para pagar un eventual incremento. No es tiempo de consignas reivindicacionistas y políticas, sino de supervivencia.

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