22 de agosto de 2022, 4:34 AM
22 de agosto de 2022, 4:34 AM

Porque aparentemente dejó que se consumiera el tiempo en vez de aprovecharlo al máximo, el Gobierno nacional se ha visto obligado a solicitar dos años más antes de dar cumplimiento a las 36 recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Dichas recomendaciones están contenidas en el informe final de ese organismo sobre la aguda crisis política y social registrada en Bolivia entre septiembre y noviembre de 2019, la misma que derivó en la renuncia del entonces jefe de Estado, Evo Morales, su posterior huida a México y la instalación del gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

 Tal solicitud fue planteada a través del Ministerio de Justicia cuyo titular Iván Lima, argumentó la necesidad de trabajar con mayor detenimiento sobre ‘aspectos estructurales’ de las recomendaciones del GIEI relacionadas con los derechos humanos vulnerados durante esos acontecimientos que convulsionaron al país y cuyo análisis, según Lima, demanda un más largo plazo. Por su parte el viceministro del área, César Siles, admitió la demora que impide la reparación para las víctimas de la violencia, por la necesidad de incorporar en su aplicación también a los ciudadanos que sufrieron por causa de las dictaduras.

En marzo pasado, el Gobierno fue consultado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca del grado de avance en el proceso de las recomendaciones del Grupo, en especial para la atención a las víctimas considerada ‘prioritaria’ porque “la justicia retrasada es justicia negada”. Fue tras la presentación del análisis final del informe del GIEI sobre Bolivia ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en agosto de 2021. La respuesta al requerimiento no fue la esperada. El avance demandado a las autoridades bolivianas resultó prácticamente nulo.

De su lado, los representantes de las víctimas de los hechos luctuosos ocurridos en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) a tiempo de reclamar mayor celeridad en la aplicación de la justicia, expresaron su molestia porque la propuesta de ampliación para aplicar las recomendaciones no fue consultada con ellos. En un informe presentado al responsable de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI (Meseg) señalan que solo se cumplió una de las 36 recomendaciones. Es la relacionada con las garantías e independencia del servicio para la prevención de la tortura, a través de la aprobación de una normativa legal puesta en vigencia en septiembre del mismo año.

Los mecanismos de la Meseg puestos en funcionamiento, permiten hacer un acompañamiento directo, un seguimiento periódico, sistemático y específico para que las recomendaciones del GIEI se ejecuten pronta y oportunamente. Es evidente que eso no ha ocurrido en Bolivia y no son del todo convincentes las razones expuestas por el Ministerio de Justicia. Se intenta disimular la ineficiencia funcionaria al demandar un periodo de tiempo adicional para aplicar las recomendaciones de los expertos internacionales. Cuando se trata derechos humanos violentados y la búsqueda necesaria de su reparación para beneficiar a quienes, en distintas circunstancias, fueron y continúan siendo afectados en el país, la recomendada por el GIEI constituye una responsabilidad de cumplimiento ineludible y oportuno.