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La cotidianidad permite constatar que hay muchas cosas que no están funcionando como deben en Bolivia. Hay una indefensión ciudadana en muchos ámbitos y actividades. Da la impresión de que en el país las cosas se mueven como pueden y no como se espera de una nación con autoridades, con normas y con procedimientos que deberían cumplirse para que cada boliviano se sienta seguro y protegido en su propio país.

Por ejemplo, los productores bolivianos ya están cansados de decir cuánto los afecta el contrabando de todo lo que uno se puede imaginar. Las voces se pierden en la indiferencia o en la incapacidad e inacción de las estructuras estatales llamadas a combatir este problema, en el que hay mafias organizadas, con recursos modernos y costosos para sostener sus movimientos, mientras el producto ilegalmente introducido al país se campea en cuanto mercado hay en el territorio nacional. Pero no es solo que ingrese mercadería ilegal, sino que los procedimientos ya están consolidados. En las fronteras ya hasta se han formado sindicatos de quienes se dedican a transportar, cargar y comercializar los objetos que le hacen competencia desleal a lo que se hace en Bolivia. Ocurre a vista y paciencia de los funcionarios aduaneros y se exhibe descaradamente en el derroche de los que lucran y se benefician con esta ilegalidad.

Detrás del contrabando, aparte de haber mafias organizadas, hay desempleados que buscan esa opción para sostenerse, mientras las industrias quiebran y se pierden fuentes de trabajo; se cierran precisamente por el impacto de la mercadería ilegal que no paga impuestos ni genera beneficio real para el país, sino solo para los nuevos ricos que se burlan del Estado y que, muchas veces, actúan en complicidad con éste.

En otro ámbito, han sido varios los días en que los titulares de todos los medios mostraron cómo se lucraba con el dolor ciudadano, cuando clínicas privadas cobraban fortunas para atender a las víctimas de la pandemia o cuando gente inescrupulosa especulaba con medicamentos para los pacientes con covid. ¿Dónde estaba el Estado? Ausente y permisivo.

En la problemática de la tierra es evidente también que las autoridades nacionales miran a un costado, mientras crece la tensión y el país se encamina a una confrontación que solo dejará luto. El INRA y la ABT, junto con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras exponen argumentos políticos, en tanto que áreas protegidas, territorios indígenas y hasta propiedades privadas son tomadas por militantes del Movimiento Al Socialismo. ¿Quién protege a los que no son adláteres del partido en el poder? Se mantiene la indefensión, que en este caso es promovida por el mismo Estado.

Más allá, la inversión privada es vulnerada una y otra vez. La última fue la quema de domos en el Salar de Uyuni. Por un problema de límites se destruyó una importante iniciativa que tenía capitales nacionales y extranjeros, además de dar una pésima imagen de Bolivia como opción de negocios al mundo.

Los grandes y los pequeños empresarios están al borde del colapso económico. Y el Estado no da soluciones, como si viera que cualquier iniciativa particular es enemiga de las fallidas empresas estatales que, con excepciones, siguen absorbiendo el dinero de todos los bolivianos para arrojar resultados negativos año tras año.

Mientras todo eso ocurre, el Gobierno del Movimiento Al Socialismo opta por politizar la agenda mediática, por perseguir a sus adversarios, sin darse cuenta de que la falta de resultados para resolver la vida cotidiana de los bolivianos es la misma daga con la que se hace un harakiri.

El país está cansado de tanta confrontación y los bolivianos solo piden apoyo para invertir, para salir de la pobreza (que ha crecido en este último tiempo) y de soñar con que se puede vivir en una Bolivia de esperanza. El timón lo tiene el gobierno. En manos del presidente y su partido está la decisión de avanzar o de generar un estancamiento lamentable y dañino para todos.

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