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La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) ha dispuesto que desde el mes de octubre los beneficiarios de la renta Dignidad, esto es los adultos mayores de nuestra sociedad, no podrán delegar el cobro de su beneficio a un familiar, como ocurrió durante los meses anteriores de la pandemia, y tendrán que acudir a cobrar en persona a las entidades financieras.

La decisión de la APS tiene el argumento de que con las nuevas medidas de posconfinamiento hay mayor amplitud de horarios para la circulación de personas y vehículos.

La autoridad del sector dijo que, según la estadística, solo el 15 por ciento de los beneficiarios recurrió a la modalidad de delegar el cobro de su beneficio a un familiar y que el resto cobró normalmente en las entidades bancarias del país.

El cambio de la modalidad de cobro de la renta Dignidad es un desatino porque desconoce que el riesgo de contraer el Covid-19 aún no ha pasado ni mucho menos, y son precisamente las personas de la tercera edad las más vulnerables no solo a contraerlo, sino a perder la vida.

Es verdad, ahora hay más libertad para la circulación de las personas, pero también -y como consecuencia- también hay más condiciones para que el virus se propague con más facilidad en medio de las aglomeraciones, el transporte público o las oficinas.

Así sea solo el 15 por ciento que delegaba el cobro a familiares, ahora ese 15 por ciento estará expuesto a contagiarse al salir de su casa, en el micro, en las colas de las entidades bancarias. Y si solo fuera el tres por ciento de los adultos mayores que manda a cobrar su renta a familiares, igualmente ese tres por ciento debiera merecer la consideración de las autoridades para proteger su vida en este tiempo de riesgos.

Da la impresión de que una parte de los atributos de algunos funcionarios públicos que toman estas decisiones estuviera caracterizada por la insensibilidad y la falta de sentido común, particularmente cuando se trata de medidas con las poblaciones que más dificultad tienen, en este caso, para movilizarse, dada la avanzada edad de muchos de ellos.

Habría que preguntarse en qué le beneficia a la APS, a los beneficiarios o incluso a las propias entidades bancarias que ancianos, que se movilizan trabajosamente, en muchos casos incluso con sufrimiento, acudan personalmente a las ventanillas de los bancos a cobrar sus rentas. ¿Quién gana con eso?

Uno de los objetivos del pago de la renda Dignidad es permitir a los beneficiarios una vejez digna, con calidad y calidez humana, pero esta nueva medida les hará más infelices que otra cosa. ¿Vale la pena pedirle a una persona de 85 años que no puede desplazarse, que si quiere cobrar su renta de Bs 350 tenga que acudir necesaria y personalmente a un banco?

Le falta bastante al país para cuidar a su tercera edad, pero lo peor es que más que por falta de políticas estatales eso ocurre por la falta de voluntad de una sola persona que tiene en sus manos este tipo de decisiones, en este caso específico el director de la APS, Cristian Erick Decormis.

Más rápido avanzan en Bolivia los derechos de los animales -lo cual no está mal- que de las personas que le dieron al país su trabajo y energía durante toda su vida. Un poco de humanidad y consideración con nuestra tercera edad no le vendría mal a nadie.