Intolerable agresión a periodistas
En menos de cinco días tres periodistas fueron agredidos, primero por efectivos de seguridad del presidente Luis Arce en Santa Cruz, después por seguidores políticos en Cochabamba y finalmente por policías de la UTOP en La Paz, en un intolerable abuso que el país no puede permitir porque se atropella el trabajo de los profesionales de la información y la libertad de prensa.
Ayer, un periodista del diario Página Siete cubría en La Paz el conflicto entre productores de coca de Yungas y fue embestido por la motocicleta de un policía antimotines, luego enmanillado y arrestado por varios policías cubiertos con equipos antidisturbios y armados con lanzagases que se lanzaron contra el periodista que intentaba reponerse de la agresión inicial.
Enseguida los policías le rociaron gas pimienta, lo trasportaron a empellones hasta un vehículo policial y lo mantuvieron detenido en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz.
La Policía salió a intentar cambiar la verdad de los hechos, indicando que el periodista fue detenido por “agredir” a un uniformado. Ignora o se pasa por alto la Policía que primero el periodista fue atropellado por un efectivo antimotines a bordo de su motocicleta, e ignora también la proporción de fuerzas entre al menos seis uniformados armados y cubiertos con equipos antidisturbios y un periodista indefenso que cubría unos enfrentamientos.
Hasta en la guerra existen normas de proporcionalidad, y un grupo de policías armados “hasta los dientes” no guardan proporción contra un periodista que tiene por instrumento de trabajo apenas un celular en su mano. Intentar cambiar la verdad de los hechos es absurdo y no hace otra cosa que denigrar aun más la imagen de una institución cuestionada por estos abusos.
El lunes por la noche, un grupo de personas que hacían vigilia en apoyo al alcalde Manfred Reyes Villa en Cochabamba agredió físicamente a dos periodistas del diario Opinión, cuando realizaban una cobertura desde el lugar.
El viernes, en Santa Cruz un reportero gráfico de EL DEBER fue agredido por el cuerpo de seguridad del presidente Luis Arce en la Expocruz, cuando el fotoperiodista tomaba la imagen del momento en que al mandatario se le salió un zapato mientras caminaba por el campo ferial. Tras esa inicial agresión, los efectivos de seguridad llevaron al colega a un costado e intentaron golpearlo -siempre en grupo, como hacen los cobardes- lo que finalmente se pudo evitar por la oportuna aparición de un camarógrafo que registraba las imágenes.
Esos tres hechos son censurables, vengan de donde vengan, incluyendo a los agresores civiles de Cochabamba. Y el Estado, lejos de proteger la libertad de prensa vigente en el país y la labor de los profesionales de la comunicación en el ejercicio de sus funciones, resulta que paradójicamente es el mayor violador de la norma y agresor de periodistas.
¿Esta es la política del Gobierno de Luis Arce frente a los periodistas y los medios de comunicación? El Gobierno tiene que salir a aclarar si las agresiones a periodistas en Santa Cruz y La Paz se hicieron por orden de alguna autoridad gubernamental o si los miembros de la seguridad del presidente o la Policía Nacional tienen autorización para cometer esos atropellos. De no ser así, como se espera, lo lógico será que el Gobierno tome las medidas que correspondan contra los agresores y haga un sinceramiento para informar si en Bolivia está vigente la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a trabajar libremente.
