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El jueves se produjo un grave ataque a periodistas que cumplían la labor de informar desde Entre Ríos (región ubicada en el trópico de Cochabamba y muy próxima a la zona cocalera de Chapare). Una turba irracional amenazó con quemar vivos a los reporteros, después de haberlos agredido físicamente. Se cometió un atentado a la libertad de expresión y libertad de prensa, se violó el derecho ciudadano a estar informado desde cualquier punto del país.

La turba, presumiblemente compuesta por algunos pobladores de Entre Ríos, impidió la realización de un reporte periodístico, destrozó la cámara, micrófono y vehículo de un canal de televisión, además de amenazar a los policías que acudían a rescatar a los agredidos. Una periodista de EL DEBER también fue atacada y amenazada por mototaxistas que rodeaban el edificio del comando policial en una actitud de amedrentamiento. Los reporteros de la red televisiva fueron golpeados y se los amenazó con lincharlos. Los uniformados tuvieron que negociar para impedirlo y poder escoltar a ellos y a la corresponsal de esta casa periodística con vida de ese poblado, ya que si permanecían ponían en peligro su vida. Hay que saludar la valiente actitud de los uniformados, sin cuya participación se hubiera tenido un desenlace nefasto. 

A escala mundial, el ataque a periodistas solo se ha producido en algunas zonas de guerra en Oriente Medio o en países donde impera el narcotráfico, como México. Cuando ocurren son asuntos de preocupación internacional porque el mundo libre reconoce que informar y acceder a la información es un derecho fundamental de las personas. Actitudes como la vista en el trópico de Cochabamba son intolerables desde todo punto de vista. Ya se ha pronunciado el relator especial para la libertad de prensa de la CIDH, Edison Lanza, expresando su preocupación y demandando que el gobierno brinde mayor protección a los periodistas en su misión de informar.

A todos debe quedar claro que una agresión como la vivida en Entre Ríos debe ser investigada y se tiene que procesar a los responsables. No alcanza con que la presidenta y el ministro de Gobierno “lamenten” la agresión, porque con sus lamentos no garantizan que el periodismo sea libre. Tampoco es suficiente que anuncien que enviarán mayor presencia policial para evitar nuevas agresiones. No puede ser que haya territorios en los que no se puede circular y menos trabajar en un país llamado Bolivia. ¿O es que ya el Gobierno bajó los brazos para ejercer la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado en una región compleja como el trópico de Cochabamba, donde ya hay muestras claras de actos delincuenciales e inconstitucionales?

En las filas del MAS, partido en el que militan las autoridades que gobiernan esos territorios, debe haber un sinceramiento porque no puede ser democrático que se ataque a periodistas. Es evidente el quiebre democrático en las acciones que son las que demuestran finalmente el espíritu que impulsa a quienes toleran e incluso aplauden la ausencia de control en estas regiones.
Hay que recordar que, desde una asamblea realizada por dirigentes cocaleros, a la cabeza de Evo Morales, se instruyó cercar las ciudades para evitar que llegue alimento a sus habitantes.

Más allá de que sean unos u otros medios de comunicación, lo ocurrido en Entre Ríos viola el derecho ciudadano a la información y de eso deben estar conscientes todos los bolivianos, porque la censura y la agresión salvaje hieren profundamente a la democracia.