Intolerable embate a Santa Cruz
El departamento de Santa Cruz está siendo atacado de la manera más cobarde, no solo porque hay incendios forestales por doquier, sino porque a diario se conoce una nueva invasión de tierras productivas, a nombre de supuestas comunidades campesinas o interculturales, que asaltan, roban y siembran el terror en varias provincias.
Van cuatro tomas violentas de predios en plena producción solo durante el mes de agosto. Estos grupos armados irregulares entraron a propiedades en Guarayos, Portachuelo, Urubichá y Porongo. En el primer caso robaron maquinaria pesada e ingresaron con cosechadora para sacar toda la caña que se había producido. La otra situación grave ocurrió en Portachuelo, donde se atrevieron a bloquear y retener a policías y otras personas que llegaron a desalojar a los invasores.
El factor común de todo esto es la impunidad con la que actúan estos avasalladores. Tienen información oficial y seleccionan muy bien el predio al que van a entrar. Están armados. Se atreven a desafiar a los policías que buscan su desalojo, roban la producción, agreden y todo eso lo hacen en absoluta impunidad.
Los cuatro avasallamientos ocurren precisamente cuando el Gobierno ha convocado a los productores agropecuarios para, en teoría, sumar esfuerzos destinados a superar la crisis económica que agobia al país. ¿Cómo puede dialogar, por un lado, mientras grupos sociales afines al Movimiento Al Socialismo siembran el terror en el área rural y consolidan la inseguridad jurídica?
Los empresarios del sector agropecuario han estado golpeados este año por el clima, la caída de los precios internacionales, la inseguridad jurídica por avasallamientos y por la falta de biotecnología que los deja sin posibilidad de ser competitivo en las exportaciones. Nada ha hecho el Gobierno frente a estos problemas. En cambio, el presidente sabe y asume que necesita a los productores, pero no les da condiciones para trabajar.
Ya pasaron tres años desde que se conoció de la existencia de los grupos irregulares armados que toman predios con violencia para hacerse de la producción y de las tierras. Los cabecillas siguen operando, a pesar de estar identificados, porque no hay acción concreta contra ellos; es más hasta se atreven a desafiar a los empresarios. Los escasos operativos de desalojo terminaron en nada porque la justicia (funcional al poder) libera a los pocos que se logra capturar y ellos siguen cometiendo el delito.
Indagaciones muestran que hay un mercado inmobiliario de la tierra rural que es millonario y que se vale de avasalladores para asaltar propiedades, desmontar y ampliar la frontera agrícola. Lo hacen para comercializar y lucrar. Incluso se ha visto que hay tierras fiscales ofrecidas en la Bolsa de Valores de Brasil. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) mira para un costado y siempre encuentra argumentos para lavarse las manos.
Es intolerable lo que ocurre con el sueño cruceño. Es un abuso enorme de parte de interculturales y campesinos afines al MAS y es una estrategia cobarde de ocupación de parte del Gobierno. La Gobernación, el Comité pro Santa Cruz y toda la institucionalidad cruceña debe alzar la voz.
