Opinión

Inversión pública: El ídolo de los pies de barro

4 de diciembre de 2022, 4:00 AM
4 de diciembre de 2022, 4:00 AM


La inversión pública constituye una piedra fundamental del modelo primario exportador, extractivista, comerciante y centralizado que está vigente en la actualidad en Bolivia, primorosamente rebautizado como modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo. 

La inversión pública se ha convertido en una locomotora que jala el crecimiento económico y es la principal forma en que el Estado volvió a la economía boliviana. Adoptemos una perspectiva histórica.

 En el año 2005, la inversión pública ejecutada llegaba a 629 millones de dólares. Esta variable ha subido sistemáticamente, desde esa fecha, hasta alcanzar su máximo de 5.065 millones de dólares en 2016. Es decir, en 10 años casi se ha multiplicado por 10.

 En 2013, la economía creció en 6,8%, en el periodo, la inversión pública fue de 3.781 millones de dólares y es el año de mayor incremento de esta variable con respecto al año anterior. En 2014 (4.507), 2015 (4.892) y 2016 (5.065), la inversión pública, en millones de dólares, siguió en aumento, pero el crecimiento económico, medido por la variación anual del producto interno bruto (PIB), se desacelera, un 5,5%, un 4,9% y un 4,3%, respectivamente.


Sin embargo, a partir del año 2017, la inversión estatal ejecutada se redujo sistemáticamente, debido al deterioro del sector externo de la economía boliviana y la escasez de recursos frescos en el sector público. Su peor momento fue el año 2020 cuando solo alcanza los 1.784 millones de dólares, valor que nos retrotrajo al nivel del año 2010. A lo largo de este periodo, se verifica una correlación importante, entre la inversión pública y los mayores ingresos impositivos que provenían del sector hidrocarburos.

Con el deterioro de la situación fiscal, debido a la caída de los ingresos provenientes de la caída de las exportaciones de hidrocarburos, la inversión pública también pierde dinamismo, pero crece en el papel, se infla en el Presupuesto General del Estado (PGE). Especialmente cuando vuelve, el gobierno masista del Presidente Luis Arce, en el 2020, con la idea de que había que reconstruir la economía destruida por un supuesto golpe, se comienzan a anunciar cifras gigantescas de inversión estatal.

Veamos los últimos tres años. En 2021, con bombos y platillos se proyectan 4.000 millones de dólares. Este año se habla de 5.000 millones de verdes y para el 2023, otra vez 4.000 millones. Sin embargo, lo realmente ejecutado, la que concretamente se convirtió en infraestructura social o productiva en 2021, fue 2.600 millones de dólares. Es decir, el 65% de lo prometido en el presupuesto. De igual manera, para el 2022 se espera un nivel de ejecución de la inversión entre un 50% y 60%. Para el próximo año, 2023, la ejecución será baja.

En los últimos tres años, fue más el ruido que las nueces. La estrategia es la misma año a año: redoble de tambores y pututus en Do mayor: que comiencen efectos pirotécnicos del anuncio de grandes inversiones públicas que después no se ejecutan. Es la vieja idea de la contabilidad creativa: fuera manos trabaja vista. Además, la menor ejecución de la inversión pública ayuda a mostrar mejores resultados fiscales. El déficit fiscal se reduce, porque no se gasta en formación de capital físico. La inversión es una variable de ajuste mejor que el gasto corriente que es inflexible al corte. No se pueden bajar salarios o suspender bonos, por ejemplo.

¿Por qué de la caída de la inversión pública?

La primera razón es que Bolivia no cuenta con los recursos financieros para la inversión pública. En los últimos años, el financiamiento de la acción del Estado se hizo con pérdida de reservas internacionales del Banco Central de Bolivia y endeudamiento interno y externo. Estas fuentes de financiamiento se están agotando.

También, la inversión pública es menor porque el Gobierno tiene una estrategia curiosa, para decir lo menos, con las gestiones locales. Introduce a gobernaciones y municipios, en especial si son de la oposición, en laberintos burocráticos y no les dé o retrasa el dinero que está presupuestado. Después les echa la culpa de por qué no ejecutaron la inversión. En términos generales, podemos decir, que el Gobierno es bastante gastador a escala nacional y a nivel regional es neoliberal, corta inversión pública. Cabe también recordar que tanto el gasto como la inversión pública están fuertemente concentrada en el nivel central del Estado. Por ejemplo, en 2023, el 85% del PGE lo controla la administración nacional.

En suma, la inversión pública ha perdido dinamismo sobre todo por falta de financiamiento y pasa de ser un pilar del modelo a un ídolo de barro.

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