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6 de mayo de 2018, 4:00 AM
6 de mayo de 2018, 4:00 AM

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Está financiada por la Organización de Estados Americanos. Ejerce dos funciones: Jurisdiccional y Consultiva. Se compone de siete jueces, provenientes de los Estados miembros de la OEA, seleccionados de entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos y que reúnan condiciones para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales, para un mandato de seis años, prorrogable por una sola vez.

Los Estados miembros de la OEA eligen a los jueces de una lista propuesta por los mismos Estados, mediante votación y a través de la mayoría de votos. El artículo 18, del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece como incompatibilidades: ser miembro o alto funcionario del Poder Ejecutivo; funcionarios de organismos internacionales; cualquiera de otros cargos y actividades que impidan a los jueces cumplir sus obligaciones, o que afecten su independencia, imparcialidad, dignidad o prestigio de su cargo.

A los corrientes, cuatro son los postulantes a Juez de la Corte: el mexicano Eduardo Ferrer Mac – Gregor Poisot, actual miembro y presidente de la Corte; el colombiano Humberto Sierra Porto, actual miembro y anterior presidente, el uruguayo Ricardo Cesar Pérez Manrique, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay; la boliviana Nardy Suxo Iturri, exministra de Transparencia de Bolivia y ex embajadora de Bolivia ante la ONU. Así, en sesión ordinaria de la Asamblea General de la ONU a llevarse a cabo el 4 y 5 de junio de 2018, se elegirá a tres jueces de entre los cuatro postulantes anteriormente citados.

De donde y considerando que la nombrada connacional ejerció funciones de ministra de Estado, vemos latente la posible declaratoria de incompatibilidad de la citada postulante boliviana debido a la aplicación del mencionado artículo 18.a, del Estatuto de la CIDH que dispone como incompatibilidad para ser elegido el haber sido miembro o alto funcionarios del Poder Ejecutivo.

Ello nos lleva a advertir con pesadumbre que Bolivia omitió elegir a su candidata (o) de entre juristas de la talla de los doctores Pablo Dermizaky, Wilman Ruperto Duran Ribera, Felipe Tredinnick, Rolando Roca Aguilera y otros, que fungieron en la denominada “época de oro” del Tribunal Constitucional patrio; mismos que con su vasta experiencia en el ejercicio judicial y en especial, en derechos humanos, pudieran contrarrestar los sustanciosos currículos los otros tres aspirantes a la Corte IDH, y/o no ser objeto de incompatibilidad.

Pero dichas observaciones no son solo en el ámbito nacional sino también contra el propio proceso de selección de la OEA, respecto a los jueces de la Corte IDH y debido a que en la selección de los mismos es realizada mediante voto secreto de sus Estados miembros, siendo que en contrapartida a esta extrañada práctica, dicha corte a través de sus fallos exige a los Estados partes aplicar estándares de transparencia, participación ciudadana, meritocracia y representación democrática 
en la elección de sus más altas autoridades, en especial a las judiciales.

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