Opinión

Jueves negro

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14 de agosto de 2017, 6:35 AM
14 de agosto de 2017, 6:35 AM

Antes de ingresar en el comentario de este artículo, es necesario rememorar algunos acontecimientos que tienen vinculación directa con las restricciones de la Policía Nacional en el  uso de armamento adecuado para enfrentar a la moderna y sofisticada “delincuencia organizada”.

El 12 de febrero de 2003, en la gestión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, hubo manifestaciones en la plaza Murillo de La Paz por parte de algunas unidades policiales, reclamando reivindicaciones sociales y salariales contra un proyecto económico del Gobierno nacional, las cuales trataron de ser controladas por efectivos militares y posteriormente desembocaron en enfrentamientos armados con fallecidos en ambas instituciones. El otro antecedente es la Ley 400 sobre armas, que fue promulgada en noviembre del 2013 y  reglamentada un año después, que solo permite el uso de armas cortas para la institución del orden, y contempla como excepción el uso de fusiles semiautomáticos y automáticos, casi obsoletos para estos años, solo para las unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado, previa autorización del Ministerio de Defensa.

Estas medidas estuvieron motivadas por el tiroteo de ‘febrero negro’ y que, debido a la presión militar, debilitaron la capacidad operativa policial, desarticulando la única unidad capacitada y entrenada para operaciones de alto riesgo y, por ende, hoy tenemos una institución que lucha en tremenda desigualdad de condiciones materiales contra las poderosas mafias transnacionales que manejan rutinariamente armas bélicas en sus profusas actividades delictivas.

El tema es complejo y complicado. La pujante ciudad de los anillos, la locomotora económica del país, muy festejada con reconocimientos verbales en fechas especiales, no merece la suerte que está corriendo, estamos en inminente peligro y ese peligro se llama delincuencia o crimen organizado, que cuenta con un abanico de ilícitos, que van desde el narcotráfico, asaltos, tráfico de armas, secuestros extorsivos, lavado de dinero, hasta trata de personas, y que tiene que ser enfrentado con las estrategias que requiere una acertada política criminal. Además, si bien la seguridad ciudadana nos involucra a todos, es responsabilidad del Estado contar con instituciones sólidas, eficientes y eficaces que permitan garantizar seguridad a los ciudadanos, respeto a sus derechos y protección para sus vidas y patrimonios, en un  clima de paz y tranquilidad. ¡Llegó la hora de apostar por la seguridad de Santa Cruz de la Sierra con seriedad y mayor compromiso!  

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