Hay acontecimientos que no concluyen cuando se levantan las barricadas. Permanecen en la memoria de los pueblos como una deuda pendiente, esperando que la verdad y la justicia lleguen algún día para cerrar heridas que el tiempo, por sí solo, nunca consigue cicatrizar.
Los cincuenta y tres días de bloqueo, marcaron uno de esos episodios. Mientras el país se paralizaba, hubo tres actores principales: los bloqueadores, el gobierno central y el pueblo. Este último, un actor inocente, silencioso y desamparado, que no tenía velas en este entierro. Millones de ciudadanos quedaron atrapados entre decisiones ajenas, soportando la incertidumbre, el desabastecimiento, la pérdida de empleos, el temor y el deterioro de una economía ya profundamente debilitada.
Las sociedades democráticas, no pueden construir su futuro sobre el olvido. Cuando hechos de semejante magnitud quedan sin esclarecimiento, el mensaje que recibe la ciudadanía es que la fuerza puede imponerse sobre el derecho. Máxime si se toma en cuenta que este bloqueo fue financiado por el narcotráfico, como informó el gobierno (ABI 14-05-26). Por eso, el proceso judicial iniciado por el Comité pro Santa Cruz, constituye mucho más que una acción legal: representa el intento de que las instituciones respondan allí donde la política fracasó.
La justicia tiene ahora una responsabilidad que trasciende a los nombres propios. Corresponderá determinar, con independencia y respeto al debido proceso, si existieron responsabilidades penales por las muertes ocurridas durante el conflicto, por los cuantiosos daños económicos sufridos por el país, por las afectaciones al libre tránsito y a otros derechos fundamentales, así como a lo que el gobierno calificó como golpe de Estado fallido (Reduno.com.bo 24-06-26), implicando la vulneraciones al orden constitucional y a los compromisos democráticos asumidos por Bolivia en el ámbito interamericano, en especial a La Carta Democrática Interamericana de la OEA.
No se trata de alimentar revanchas ni de prolongar divisiones. Se trata de establecer un principio indispensable para toda República: ninguna causa política puede justificar que una nación entera sea sometida al miedo, a la paralización o a la pérdida de vidas humanas. Cuando el sufrimiento colectivo deja de tener consecuencias jurídicas, la impunidad comienza a convertirse en costumbre. No lo debemos aceptar.
Bolivia necesita recuperar la confianza en sus instituciones. Necesita demostrar que el camino para resolver las diferencias no pasa por bloquear carreteras, asfixiar la economía o enfrentar a los ciudadanos entre sí, sino por fortalecer el Estado de Derecho. Solo así la democracia dejará de ser una consigna, para convertirse en una garantía efectiva de convivencia.
Si este juicio logra establecer responsabilidades conforme a la ley, su mayor legado no será una sentencia, sino un precedente. El precedente de que ningún proyecto político, por poderoso o abusivo que sea, puede situarse por encima de la vida, de la libertad y de los derechos de los bolivianos.
Porque los pueblos no solo tienen derecho a recordar. También tienen derecho a que la justicia les devuelva la confianza, de que su sufrimiento no fue en vano. Bolivia no puede resignarse, a que los bloqueos se conviertan en un instrumento habitual de presión política, cuando sus consecuencias recaen sobre quienes menos responsabilidad tienen en los conflictos: los ciudadanos comunes.
Por ello, quienes consideren que este juicio busca defender los derechos de la ciudadanía, la institucionalidad democrática, y todos aquellos bolivianos que aspiran a que nunca más el país vuelva a vivir una crisis semejante, deben apoyar de forma militante esta trascendental acción legal, adhiriéndose al proceso judicial iniciado por el Comité.
Cuando el dolor colectivo amenaza con convertirse en costumbre, la justicia deja de ser una opción para transformarse en una necesidad histórica. La justicia tiene ahora la oportunidad de demostrar, que el Estado de Derecho puede imponerse sobre la violencia.
Bien por nuestros líderes cívicos. La institución asume la defensa, de quienes durante aquellos días quedaron sin voz y sin protección, frente al atropello de los violentos.
* Jimmy Ortiz Saucedo, Ingeniero agrónomo y columnista