Opinión

Juicio de Entel para atemorizar a un gremio

Peñaranda Raul 14/1/2019 04:00

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Mediante dos cartas notariadas y una solicitada publicada en la prensa nacional, el gerente interino de Administración y Finanzas de Entel, José Arturo Molina Vega, anunció que se iniciará en mi contra un juicio penal por el contenido de una nota periodística que se publicó en Brújula Digital, el medio digital que dirijo.

La nota publicada no contiene error. Se limita a señalar que, cuando Entel realiza licitaciones para la contratación de empresas de seguridad, no incluye un requisito obligado por la norma, cual es que deben contar con una licencia de funcionamiento.

En su carta, Entel asegura que para casos de mera instalación de cámaras, ese requisito es innecesario. Pero el art. 187 de la Resolución Ministerial N.° 021 B/2013 es muy claro y señala que, también para instalación de equipos electrónicos, la empresa de seguridad contratada debe tener licencia de funcionamiento. Si una entidad, pública o privada, contrata a empresas de seguridad sin cerciorarse de que cuenta con esa exigencia, es pasible a recibir multas.

Los ejecutivos de Entel no han ofrecido ninguna declaración desde que anunció, mediante una ‘Aclaración pública’, que iniciará el proceso. Sobre todo, no ha informado sobre tres aspectos clave: uno, qué empresas han sido contratadas en las licitaciones referidas a este tema; dos, quiénes son los ejecutivos de esas empresas; y, tres, cuánto costaron las cámaras adquiridas. Podríamos tener la sorpresa de que los mismos modelos tengan un precio más bajo en las tiendas de la Eloy Salmón. También los nombres de los dueños de las empresas contratadas podrían generar suspicacia. No lo sabemos.

Si Entel desea convencer a la ciudadanía de que tiene razón en criticar mi artículo, debe acudir a un tribunal de imprenta o de ética. Ambas posibilidades están incluidas en la Constitución Política del Estado. Pero no se puede juzgar a un periodista, por el ejercicio de su trabajo, mediante la vía penal. Si este caso llegara a la justicia ordinaria, de facto la Ley de Imprenta habrá quedado sin efecto y todos los periodistas quedarán inermes.

A través de acusarme a mí, lo que el Gobierno desea es atemorizar a todo el gremio. No lo ha logrado, por lo visto, si consideramos las numerosas voces de protesta que han emitido las organizaciones de prensa y decenas de periodistas y medios bolivianos. También siete entidades internacionales de libertad de expresión y de prensa han emitido declaraciones críticas o de preocupación sobre el caso.

El Gobierno ve en los medios y periodistas independientes el único escollo que debe vencer en su plan para eternizarse en el poder. Ya controla los cuatro órganos del Estado y desea deshacerse también del periodismo independiente. No lo conseguirá.

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