Opinión

¿Justicia comunitaria o sistema jurídico?

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Como antecedente podemos señalar que un determinado sistema jurídico de los pueblos indígenas (tierras bajas), originarios (tierras altas) y comunidades campesinas (valles) existió mucho antes de que se conformara el Estado boliviano. Es, por tanto, anterior al Estado; su origen está unido al nacimiento de la comunidad.

Algunos autores se remontan a tiempos prehispánicos para explicar los orígenes reales de lo que se denomina hoy justicia comunitaria, “un nombre impuesto recientemente”. Otros señalan: “Antes de la Colonia los pueblos indígenas habitaban y eran dueños del territorio boliviano, tanto en el altiplano y los valles (aimaras, quechuas, urus) como en las tierras bajas o llanos (chimanes, ayoreos, yuquis, etc.)”. Cada uno de estos pueblos poseía su propio ‘derecho autóctono’, su propio sistema jurídico, es decir que existían tanto sistemas jurídicos como pueblos indígenas y comunidades existen.

Posteriormente, en la Colonia, el gobierno colonial impuso las Leyes de Indias y su propio sistema jurídico a los habitantes originarios de nuestro país, pese a reconocer parcialmente a sus autoridades, sus normas y procedimientos propios para resolver conflictos en el interior de sus comunidades.

En consecuencia, es a partir de la Colonia que coexisten en territorio boliviano más de un sistema jurídico en el que el sistema jurídico del gobierno colonial prevalecía sobre el resto (pluralismo jurídico subordinado). Nacido el Estado republicano, se trató de asimilar a los indígenas dentro de un Estado único, una sola cultura y un solo derecho nacional (monismo jurídico), pero se ignoraron las diferencias culturales y, por tanto, se ignoró también el sistema jurídico de los pueblos indígenas.

Más adelante, como consecuencia de la aprobación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales (1989) y la reconstitución de los movimientos indígenas en el continente, en 1994 la Constitución reconoce al Estado boliviano como ‘multiétnico y pluricultural’ y el derecho de las comunidades indígenas y campesinas de administrar su propio sistema jurídico (pluralismo jurídico).

Finalmente, el sistema jurídico de los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas es reconocido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (artículo 34), aprobada en el mes de septiembre de 2007. 

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