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Justicia en Bolivia: de crisis, a catástrofe

Maggy Talavera 6/2/2022 07:21

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Definitivamente: lo que está enfrentando hoy la justicia en Bolivia ha dejado de ser apenas una crisis (como si no bastara que esté en una “situación grave y decisiva” que “pone en peligro” la propia sobrevivencia del país), para transformar en una verdadera y asustadora catástrofe. Es decir, en un “suceso desdichado” que está causando “gran destrucción y muchas desgracias, con grave alteración del desarrollo normal de las cosas”. El entrecomillado alude a lo que expresamente significan crisis y catástrofe, según la RAE. Una diferencia notoria que, en el caso que nos ocupa, grafica muy bien la distancia que hay entre decir que la justicia boliviana está en crisis, a afirmar, sin temor a caer en exageraciones, que lo que ésta enfrenta es una catástrofe.

El horror descubierto tras la captura de Richard Choque Flores, autor confeso de una serie de crímenes cometidos al amparo de la impunidad concedida por jueces, fiscales, abogados, policías y otros más, da sustento a esa calificación: catástrofe. No porque sea un caso excepcional, único, sino más bien porque ha permitido confirmar que la excepción se ha convertido en regla, con una larga cadena de actores muy bien organizados en lo que el propio ministro de Justicia ha calificado como mafia. Una mafia en la que participaban (y sin duda aun participan) muchos de los responsables de luchar contra el delito y/o de administrar justicia, en cuyas nóminas sobresalen -en número y en poder de acción- los abiertamente identificados como operadores del poder central.

El caso Choque deja en evidencia un entrelazado perverso entre los delitos comunes, incluyendo los de mayor gravedad como los cometidos por Choque, y los considerados políticos, estos últimos disfrazados en su mayoría como delitos contra la “seguridad del Estado”. Todos ellos metidos en una misma bolsa por esa mafia judicial y extrajudicial reconocida por el Gobierno central a través de uno de sus ministros. Una mafia que actúa al menos desde 2013, siempre según el ministro, aunque es difícil creer que no lo hacía ya desde hace más años. Una mafia que, sin embargo, ha estado actuando no apenas para hacer negocio con la liberación de psicópatas confesos como Choque, sino también para cumplir con favores políticos que se traducen en la judicialización de la política, en la persecución política, en los que hay ejemplos de sobra.

Por supuesto que esta última parte no está presente en ninguna de las declaraciones hechas por las autoridades del Gobierno central o por los dirigentes del partido de gobierno, pese a ser consustancial al problema de fondo, referido a la “Justicia podrida” que señala más de una voz en Bolivia. Una pudrición que lo contamina todo y que es una amenaza real no solo para los miles de bolivianos que ya viven en carne propia las laceraciones que les provocan estas mafias judiciales y extrajudiciales, sino también para los millones de bolivianos que, por ahora, creen estar a salvo de las garras de esos mafiosos. Una amenaza que urge frenar, desde la sociedad civil, articulando acciones que se encaminen a lograr una auténtica reforma judicial.

En este momento ya hay varias acciones encaminadas a ese propósito, surgidas del debate, análisis y elaboración de propuestas concretas de parte de ciudadanos dispuestos a pasar de la protesta, a la acción. Hay varios grupos de profesionales abogados, a los que se han sumado otros desde ramas complementarias, que tienen ya planteamientos puntuales para impulsar una reforma judicial. Por ahora, coincidiendo en algunos puntos, pero no en todos los que son necesarios para lograr el objetivo principal. El reto ahora es lograr que esos grupos logren articular una sola propuesta, capaz de concentrar el apoyo popular ciudadano vital para llevarla a cabo. No hay otro camino que el consenso, si acaso se quiere lograr la reforma judicial, venciendo el principal y el mayor escollo: la nula voluntad política del gobierno central y su partido para reformar la Justicia, comprobada en su resistencia a liberarla del control político, respetándola como un poder independiente.

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