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Justicia para las víctimas del caso LaMia

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29 de noviembre de 2019, 6:22 AM
29 de noviembre de 2019, 6:22 AM

El 28 de noviembre de 2016, en las montañas de Antioquia, Colombia, un avión de la compañía boliviana LaMia colisionó contra el denominado Cerro Gordo por falta de combustible. En el siniestro del vuelo 2933 murieron 71 personas y solo 6 sobrevivieron. Casi todo el personal del equipo de fútbol brasileño Chapecoense falleció en una de las mayores tragedias aéreas de la historia de Sudamérica. Tres años después, la impunidad, la falta de esclarecimiento y el dolor de los familiares de las víctimas no cesan dado que el caso no ha logrado sancionar con todo el peso de la ley a los responsables de una de las mayores tragedias de la aeronavegación boliviana.

El caso LaMia desnudó, además, la constitución de una empresa aérea bajo un manto de irregularidades que salpicaron a altas autoridades de la anterior gestión y reveló la vulnerabilidad que enfrenta el sistema aeronáutico boliviano.

Hay que destacar que la tragedia de LaMia no comenzó en noviembre de 2016 cuando cae el avión en Colombia. Sino el 18 de septiembre de 2014 cuando la empresa se constituye e inicia un oscuro periplo para obtener su certificación a manos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) pese a las observaciones que había planteado su exdirector Luis Coimbra, destituido en julio de 2015 y reemplazado por el general de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Virgilio Pereyra Quiroga, quien finalmente otorga la habilitación para su funcionamiento.

En el mismo marco de irregularidades, la aeronave siniestrada recibió, en enero de 2016, el certificado de matrícula para operar en el sistema aeronáutico boliviano. El documento lo firman el general Pereyra Quiroga y Gustavo Steven Vargas Villegas, hijo del gerente general de LaMia, general Gustavo Vargas Gamboa.

Como se sabe, LaMia se especializó en el transporte de equipos y selecciones de fútbol, además de pasajeros particulares. La empresa no pagó la prima del seguro de la aeronave e igualmente ofrecía un deficiente servicio a diversos equipos de fútbol y personalidades. Los registros de vuelos señalaban claramente que pilotos, directivos de la línea aérea y autoridades locales no cumplían o no hacían cumplir los protocolos para la recarga de combustible, tal como ocurrió fatalmente el 28 de noviembre de 2016.

En diciembre de ese año, la Fiscalía boliviana inició una investigación y en paralelo las autoridades judiciales colombianas hicieron lo propio para dar con los responsables. Los trabajadores de LaMia han demandado al dueño de la aeronave accidentada, Ricardo Albacete, y a su socio Marco Antonio Rocha. Señalaron a Albacete como propietario de la aerolínea y accionista principal. A su vez, Colombia estableció que la tripulación fue la principal responsable.

A su vez, la Fiscalía brasileña hizo su propia investigación concluyendo que los verdaderos dueños de la empresa no serían bolivianos.

El club Chapecoense y 12 familias de las víctimas demandaron a la DGAC, a Aasana, a una aseguradora y a LaMia por los daños humanos y materiales causados por el siniestro.

Lo cierto es que hoy el caso naufraga en medio de la impunidad. En este sentido, el nuevo Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez o el próximo que surja de las elecciones generales tendrá la oportunidad histórica de revisar a fondo el caso LaMia y sacudir un proceso que tristemente se ha destacado por el abandono, la desidia y la injusticia.

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