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Ha comenzado el proceso para la reforma constitucional que busca transformar el defectuoso sistema judicial que impera en Bolivia. El ministro de Justicia, Iván Lima, convocó a nueve destacados abogados con quienes definirá el alcance de este cambio, que debe ser de fondo y que demanda mucho más que las buenas intenciones de todos. El problema es de fondo, tiene que ver con presupuesto, manipulación partidaria, corrupción y otros males. Todo eso demanda remover estructuras que están bien enraizadas en la judicatura, en el foro nacional y, por supuesto, en la clase política.

Los miembros de la comisión de notables son abogados de prestigio, conocedores de la problemática. Es bueno que sea un consejo plural, donde no prime la mirada y el interés de un solo partido político. Ellos trabajan un anteproyecto de ley para definir cuál es el alcance de la reforma constitucional que se necesita, qué artículos deben ser modificados; pero también están trabajando sobre los defectos del sistema judicial para generar un cambio de largo aliento.

El primer punto abordado por los juristas es la elección de magistrados, ya que han mostrado plena coincidencia en que el modelo constitucional actual no es el adecuado. El ministro de Justicia también planteó la supresión del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental, aunque en este punto no hay acuerdo.

Además, urge resolver el tema del presupuesto para la justicia, que actualmente es inferior al 1% del Presupuesto General del Estado. Eso determina que falten jueces, que haya corrupción y que se formen los tristemente célebres “consorcios” de abogados, en concomitancia con jueces y fiscales, que solo han servido para la extorsión, sin resolver los males de fondo.

Es vital que la independencia del Poder Judicial sea respetada, que los jueces no salten frente a las “sugerencias” de ministros y ‘jefazos’. Que la aplicación de la norma sea igual para todos, sin discriminación de ninguna naturaleza y que se limpie la penosa imagen que tiene ahora el Poder Judicial.

El primer hito será presentar el anteproyecto de ley hasta el 13 de diciembre (en una semana), para que la Asamblea Legislativa lo apruebe hasta el 20 de diciembre y que eso permita convocar a un referéndum de aprobación de reforma el 7 de marzo, el mismo día en que se celebrarán las elecciones de alcaldes, gobernadores y otras autoridades subnacionales. Es todo un reto acabar semejante tarea en siete días y eso puede convertirse en una hazaña o en el defecto de origen de este proceso.

Tras ello viene la etapa más difícil que será pasar por el filtro de la clase política en la Asamblea Legislativa. Después de 14 años de usar la justicia para perseguir a los adversarios y favorecer a los propios, ¿será que los asambleístas van a ser capaces de anular con una norma lo que ellos mismos alentaron? El gran temor adicional es que se pretenda abrir otros artículos de la Constitución, mediante maniobras ya conocidas.

Es de esperar que la reforma sea pensando en mejorar la justicia y no sea usada para ganar tal o cual adepto. Son demasiados los litigantes y el sufrimiento de miles de familias por la retardación de justicia.

La que se ha planteado es una gran oportunidad; sobre todo, cuenta con la fe del pueblo. Ojalá que este interés no se vea decepcionado y frustrado.

Los políticos le deben mucho a la ciudadanía. Es hora de trabajar para todos y no para el beneficio de algunos partidos o grupos empresariales.

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